BRUSELAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea no penalizan las actividades de corrupción en el sector privado a pesar de que una decisión marco de julio de 2003 exige la trasposición a las legislaciones nacionales de este mecanismo para combatirla y que, según el Ejecutivo comunitario, es de una "importancia vital" porque la corrupción tiene un impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico.
España y Grecia alegan estar preparando su legislación, pero no han hecho llegar a la Comisión Europea texto alguno.Chipre y Malta ni siquiera han respondido a los requerimientos del comisario Franco Frattini, responsable de Justicia, Libertad y Seguridad.
Dos Estados miembros --Países Bajos y Finlandia-- han remitido su respuesta y aportado la legislación correspondiente antes de la fecha exigida y la República Checa ha enviado un borrador legislativo sobre esta materia, según el informe sobre el grado de aplicación de la decisión marco presentado hoy en Bruselas, en el que se constata que la mayoría de los países no considera como infracción los actos de corrupción en el sector privado.
Hasta la fecha, sólo Reino Unido y Bélgica merecen la felicitación de Bruselas por aplicar plenamente el contenido de la decisión marco de lucha contra la corrupción. "Estoy decepcionado al constatar que muchos Estados miembros tienen todavía que tipificar como delito penal dar o recibir un pago ilícito por mediación de un tercero y que deben extender el campo de aplicación de sus legislaciones a las entidades sin ánimo de lucro", se queja Frattini.
El mecanismo aprobado en su día por el Consejo tiene como objetivo garantizar que la promesa de ofrecer o dar, es decir la corrupción activa, o la de pedir o recibir, corrupción pasiva, determinadas prebendas indebidas de cualquier tipo en el marco de las actividades profesionales, constituye una infracción penal en todos los Estados miembros.
El campo de aplicación de la decisión marco incluye tanto las entidades con ánimo de lucro como las que no lo tienen y garantiza asimismo la responsabilidad de las personas que participan en las infracciones. El documento presentado hoy por la CE está basado en las informaciones recibidas de los Estados miembros y llega a la conclusión de que la trasposición se encuentra sólo en una fase inicial pese a que han pasado casi tres años desde su aprobación.
Por este motivo, la Comisión invita a todos los países, incluídos los que aseguran estar elaborando la legislación, proporcionar en el menor plazo posible todas las informaciones pertinentes en la materia. El informe será remitido al Consejo para que evalúe en qué medida han cumplido los Estados miembros las disposiciones recogidas en el instrumento legislativo.
En otoño, el Ejecutivo comunitario publicará un documento de trabajo sobre los vínculos entre corrupción y crimen organizado y procederá a la selección de proyectos sobre este asunto tras una licitación y en el marco de un programa específico llamado 'Prevenir y combatir la criminalidad', dotado con 18,5 millones de euros.
