CIUDAD REAL, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El gerente de Colisur 2000, una de las empresas acusadas en el supuesto fraude de las ayudas al lino, Antonio Muñoz, responsabilizó hoy al ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y al juez Baltasar Garzón, que instruyó el sumario, de ser responsables de haber causado a la compañía un daño "moralmente terrible".
Junto a los representantes jurídicos de la empresa transformadora, radicada en Picón (Ciudad Real), Muñoz acusó en rueda de prensa a ambos de formar un binomio. Con la unión del poder político y el judicial, "puede ocurrir cualquier cosa, inventan, destruyen y son capaces de asesinar moralmente a cualquier persona", dijo.
Cuatro días después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los 18 procesados por el caso, Muñoz consideró que lo ocurrido, hace ahora ocho años, sólo tenía un objetivo electoral, y los ataques se centraron en el entonces presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) Nicolás López de Coca.
En este sentido, Muñoz recordó que López de Coca fue el primero al que la Audiencia Nacional declaró inocente, pese a las "mentiras" que se vertieron sobre él por parte de "Bono y sus acólitos".
Muñoz también se refirió al perjuicio económico que padecieron, ya que levantar la empresa supuso una inversión de más de un millón de euros, a lo que hay que agregar la maquinaria, casi 80.000 euros, y que sólo pudieran trabajar durante tres meses, dado que el Gobierno regional les retiró la licencia.
Muñoz y uno de los representantes legales de Colisur 2000, el abogado José Luis López de Sancho, apuntaron la intención de pedir un resarcimiento económico, una vez que la sentencia sea firme.
En su opinión, la sentencia de la Audiencia Nacional es una de las más duras contra la Administración y reconoce que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha actuó de manera "obsesiva y negativa" en el caso y que no defendió los intereses generales.
Respecto a Colisur 2000, el abogado recordó que están pendientes del recurso contra el cierre de la empresa en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M); y en los juzgados de Ciudad Real, de la querella que presentaron contra tres funcionarios de la Delegación de la Consejería de Agricultura por su supuesto delito de falsedad y alteración de actas.
