Bélgica pide al Ejecutivo comunitario que investigue si Alemania está actuando de forma proteccionista
BRUSELAS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea avisó hoy de que supervisará el proceso de venta del fabricante de coches Opel a la empresa canadiense Magna y reiteró que ningún país puede condicionar las ayudas públicas que conceda para facilitar la reestructuración de la compañía al mantenimiento de plantas en su territorio.
Bruselas estudia convocar una nueva reunión de ministros de Industria de todos los países afectados por la venta de Opel, que sería ya la cuarta, para garantizar el "intercambio de información" y la "transparencia". El ministro de Finanzas belga, Didier Reynders, pidió este viernes al Ejecutivo comunitario que investigue si el Gobierno alemán, que es el que concederá la mayor parte de las ayudas, está actuando de forma proteccionista.
"Las ayudas de Estado no pueden estar sujetas a condiciones adicionales no comerciales sobre la localización de las inversiones o la distribución geográfica de las medidas de reestructuración", dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario, Johannes Laitenberger. Cualquier subvención debe respetar las reglas de la UE sobre ayudas públicas y mercado interior, añadió.
La Comisión exigirá que el plan de reestructuración de General Motors Europe sea "económicamente sólido" y "garantice la viabilidad de la compañía en el futuro".
El portavoz eludió valorar el acuerdo final de venta de Opel porque "los detalles todavía no se han cerrado", pero explicó que la Comisión "está en contacto con los actores directamente responsables y con los Estados miembros afectados", especialmente con las autoridades alemanas.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha pedido a los responsables de Industria, Günter Verheugen, y de Competencia, Neelie Kroes "que vigilen la situación y garanticen información y transparencia entre todos los Estados miembros afectados".
La Comisión "evaluará la situación sobre la base de los acuerdos alcanzados y sus notificaciones" y tomará decisiones de acuerdo con sus competencias. El portavoz resaltó además que el Ejecutivo comunitario "estará atento a las consecuencias sociales de las decisiones adoptadas".
