MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español emitirá mañana su respuesta al ultimátum de la Comisión Europea para que retire todas las condiciones a la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa, en la que insistirá en que éstas se "ajustan a la legalidad comunitaria" y, por tanto, se mantienen, informaron hoy a Europa Press en fuentes del Ministerio de Industria.
Bruselas concedió el pasado 7 de marzo a España un último plazo de siete días laborables, que expira mañana, para que retirara todas las condiciones a E.ON, tanto las que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que no hayan sido derogadas, como las que estableció Industria en noviembre del año pasado.
Así, esta respuesta, que será gestionada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mantendrá en la tesis mantenida por el ministro de Industria, Joan Clos, en sus declaraciones de que el problema con Bruselas se trata de "un conflicto de interpretación jurídica" y que las condiciones a E.ON están basadas "en razones demostrables y objetivas".
De esta manera, el caso terminará previsiblemente resolviéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (UE), al que la Comisión podría acudir en un plazo de dos o tres semanas ante la negativa española a retirar las condiciones.
Esta sería la segunda denuncia contra España ante el TUE por el caso E.ON, ya que Bruselas ya denunció el pasado 24 de enero ante la Justicia europea el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la CNE y facultó al regulador energético para analizar la OPA de la alemana.
Bruselas ya ha declarado ilegales estos requisitos mediante sendas decisiones jurídicamente vinculantes --y que por tanto pueden ser invocadas por E.ON ante tribunales nacionales-- por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento. Sin embargo, las autoridades españolas han repetido en varias ocasiones su negativa a retirarlas, la última por escrito el pasado 22 de enero, alegando que son necesarias para garantizar la seguridad de suministro energético.
Entre las nuevas condiciones que planteó España a E.ON se encontraban la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para el grupo alemán de no adoptar decisiones estratégicas sobre la eléctrica española y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
