De la Vega justifica que sólo se imponga esta condición en "la libertad que establece la normativa comunitaria"
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno autorizó hoy a Enel a ejercer plenamente los derechos de voto en Endesa conforme a su participación del 24,9%, imponiendo la "única" condición de que informe siempre al Ejecutivo sobre su estrategia corporativa, "en aspectos que exclusivamente afectan a intereses esenciales de seguridad pública españoles".
Así lo anunció hoy en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien explicó que se ha seguido el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), aunque de las cinco recomendaciones del organismo regulador, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tan sólo aplicará la obligación de informar sobre la estrategia corporativa.
La vicepresidenta señaló que, tal como aconsejó la CNE, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio decidió retirar esta restricción del 3% a Enel en el ejercicio de los derechos de voto por ser una empresa extranjera con capital público, pero garantizando que la entrada del grupo italiano en Endesa no perjudique los intereses nacionales, que son los de mantener la calidad del suministro o que no se pongan nunca en riesgo las inversiones definitivas.
A preguntas de los periodistas sobre esta laxa resolución, De la Vega defendió la imposición de esta única condición en que el Gobierno ha hecho lo que cree correcto, y apuntó que la normativa europea permite al Ejecutivo intervenir, pero para garantizar lo fundamental, que es, en su opinión, "proteger los intereses esenciales de seguridad pública" en España.
Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno se escudó en "la libertad que establece la normativa comunitaria" para justificar que no se tengan en cuenta el resto de recomendaciones de la CNE, donde destaca que el Gobierno tengo poder de veto sobre las decisiones de Enel en Endesa. "El resto no lo hemos considerado adecuado porque creemos que debe funcionar la libertad que establece la normativa comunitaria", dijo.
Esta autorización de eximir a Enel de la norma conocida como 'Ley Rato' que restringe al 3% el peso político de las empresas extranjeras con capital público en compañías españolas estrategicas, tan sólo reconoce el ejercicio de derechos políticos hasta el 24,9% y no exime a Enel de su obligación de comunicar en un futuro la adquisición de acciones por encima del citado límite.
De esta manera, tiene que informar a la Secretaría General de Energía acerca de su estrategia corporativa en el caso de que desaparezcan las restricciones a los derechos políticos presentes en los Estatutos de Endesa, fijados en el 10%, o bien en el caso en que, de cualquier forma, Enel entre a formar parte del consejo de administración de la eléctrica española. Dicha notificación debe efectuarse con carácter previo a la ejecución de las decisiones y acuerdos.
Para tomar esta decisión el Gobierno, tras valorar la operación y teniendo en cuenta el informe de la CNE al respecto, ha tenido en cuenta "la necesidad de impulsar una política energética que sea consecuente con las directrices de la Unión Europea en lo referente a la eliminación de las trabas a la libre circulación de capitales", así como la obligación de "garantizar el suministro de la energía a los ciudadanos".
