BRUSELAS, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Phillipe Léger, pidió hoy que se rechace el recurso de España contra el reglamento de gestión del esfuerzo pesquero de 2003, que establece restricciones a la flota española en aguas occidentales, e incluye un nuevo 'box irlandés' con limitaciones de pesca.
El dictamen considera en primer lugar que el recurso de España es "inadmisible" porque se solicita la anulación de los artículos 3, 4 y 6 del reglamento 1954/2003, y ello no sería posible al estar estas disposiciones estrechamente relacionadas con el resto del texto.
España había alegado un trato discriminatorio respecto al resto de Estados miembros en cuanto al acceso a los recursos pesqueros, al perpetuar las restricciones de pesca del periodo transitorio de su Tratado de Adhesión, que en principio tendrían que haber desaparecido en 2002.
Sin embargo, el reglamento toma como base para calcular el esfuerzo pesquero el periodo 1998-2002, cuando estaban vigentes las restricciones. Además, delimita una zona biológicamente sensible que coincide en parte con el antiguo 'box irlandés', al que España tenía también restringido su acceso en el Tratado de Adhesión.
El abogado general concluye que la UE "no violó el principio de igualdad de trato o de no discriminación por razón de la nacionalidad" al aprobar el reglamento. "Me parece objetivamente justificado, a la luz del objetivo de no incrementar el esfuerzo pesquero, que se estableciera en 2003, para todos los Estados miembros, un régimen que limitara dicho esfuerzo en función del realizado por cada Estado miembro, en las pesquerías correspondientes, durante el período comprendido entre 1998 y 2002", señala.
El dictamen señala además que la zona biológicamente sensible con limitaciones especiales de pesca que establece el reglamento "comprende menos de la mitad del 'box irlandés'", y su protección está "justificada" al tratarse de una zona con una elevada concentración de juveniles de merluza. Por ello desestima también los argumentos de España.
La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia, pues su función consiste en proponerle, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces comenzarán ahora sus deliberaciones sobre este asunto y la sentencia se dictará en un momento posterior.
