MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha felicitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por anunciar durante el Debate sobre el Estado de la Nación medidas para reducir los plazos de pago en España, tal y como venía reivindicando la organización.
No obstante, la plataforma ha instado al Ejecutivo a que generalice la medida del IVA, cree un régimen sancionador que multe a los morosos y acabe con el fraude de ley "que permite a los contratistas de obra pública pagar a 250 días".
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha resaltado que el compromiso del Gobierno "es una gran noticia que podría suponer un punto y aparte en la lucha contra la morosidad". En su opinión, el anuncio "llega en un momento idóneo, ya que se hacía más que necesario implementar con carácter de urgencia las medidas previstas en la ley y otras que se han venido posponiendo en los últimos años".
En cuanto a la iniciativa para que pymes y autónomos no tengan que adelantar el IVA de las facturas no cobradas, Cañete ha pedido que se amplíe a todas las empresas, independientemente de lo que facturen, "o que se acote su calendario de aplicación".
LOS IMPAGOS DE LAS AA.PP SE VOLVIERON A DISPARAR EN 2012
Según el último estudio de la plataforma, realizado tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores, los impagos de las administraciones públicas se volvieron a disparar en 2012, "evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad".
Aunque el plazo medio de pago a proveedores por parte de las administraciones disminuyó un 13% en 2012 y el del sector privado bajó un 5,1%, la organización cree que esta mejora "es todavía insuficiente, ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para este año por la ley".
Concretamente, las administraciones públicas tardaron en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la normativa (una media de 141 días de retraso). Por su parte, el plazo medio en el sector privado fue de 93 días, frente a los 75 que establecía la ley para 2012.
