MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy, con la abstención del PP, el decreto ley de 10 de febrero por el que se suben los impuestos a las labores del tabaco, al tiempo que rechazó la petición del principal partido de la oposición de tramitarlo como Proyecto de Ley.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, confió en que con esta norma las compañías establezcan los precios de sus marcas de cigarrillos en niveles anteriores a la guerra comercial desatada para atajar los efectos de la Ley Antitabaco.
"Con estos tipos impositivos el Gobierno espera que las compañías fijen, como parece que están haciendo, unos nuevos precios que cuando menos, recuperen los anteriores niveles a las últimas reducciones", dijo Solbes en la Cámara Baja en su defensa de la convalidación del último decreto ley de subida de impuestos.
Acompañado en el hemiciclo por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, Solbes subrayó que este decreto ley responde al margen de maniobra del Ejecutivo a través de su política fiscal para atajar la proliferación de las marcas baratas de cigarrillos y avanzar en su lucha contra el tabaquismo.
El vicepresidente segundo argumentó que el Gobierno no puede fijar el precio del tabaco porque corresponde exclusivamente a las compañías, pero sí puede incidir en la fiscalidad para disuadir el consumo y afrontar mejor los gastos sanitarios derivados del tabaquismo, gracias al aumento recaudatorio.
Solbes recordó que en su anterior comparecencia en el Congreso para defender el decreto ley de 20 de enero, que resultó derogado por un error de diputados socialistas, ya advirtió de que el Gobierno continuaría empleando "los instrumentos a su disposición para lograr unos precios del tabaco que desincentivaran el consumo".
El titular de Hacienda resaltó también que la norma incorpora las reivindicaciones de los estanqueros ante su merma de ingresos por la guerra de precios que emprendieron las tabaqueras para amortiguar otras subidas de la fiscalidad, así como de los quiosqueros, a los que se permitirá vender tabaco "de forma ordenada y controlada".
El ministro defendió además la rápida convalidación del decreto frente a una tramitación parlamentaria dilatada porque "las condiciones del mercado podrían alterarse" y sus medidas perderían eficacia, al tiempo que permite evitar "distorsiones y especulaciones".
Todos los grupos políticos presentes en el Pleno, excepto el PP, apoyaron la convalidación del decreto por el que se suben los impuestos al tabaco por encima del alza recogida en la norma del 9 de febrero que resultó derogada, al considerar que este endurecimiento fiscal avanza en los objetivos sanitarios del Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
PP: "ERROR SOBRE ERROR"
El diputado 'popular' Francisco Utrera justificó la abstención de su partido por considerar que se introducen "mejoras", como el establecimiento de un impuesto mínimo, en linea con otros países europeos, pero advirtió de que el Gobierno "se queda de nuevo a medio camino" por "haberlo calculado mal".
Para Utrera, el Ejecutivo "se está equivocando, con error sobre error", y sus medidas fiscales "podrían ser el inicio de una nueva guerra de precios", lo que hace necesario modificar el impuesto 'ad valorem', porque con una fiscalidad que se sitúa en el 80% para algunas marcas de cigarrillos, "reducir el precio es perfectamente racional".
Desde Coalición Canaria, Luis Mardones apoyó la actuación del Gobierno, al considerar que es necesario "mantener la autoridad fiscal frente a las maniobras de las tabaqueras", que tratan, en su opinión, de sortear los efectos de la Ley Antitabaco con una estrategia de precios que contradice la salud pública.
QUIOSQUEROS.
Los parlamentarios Joan Puig (ERC) y Josep Sánchez Llibre (CIU) coincidieron en apoyar la última subida fiscal del tabaco, pero reclamaron una mayor concreción de las medidas que afectan a los quiosqueros. Puig estimó que la norma "abre la puerta a otros sectores contrarios a la Ley Antitabaco".
La diputada de IU-ICV Maria Carme García Suárez aplaudió el establecimiento de un impuesto mínimo para frenar la incorporación de jóvenes al hábito de fumar, e insistió en su propuesta de reforzar la fiscalidad del tabaco gravando especialmente las cajetillas que contengan mayores sustancias adictivas nocivas para la salud.
En apoyo a la tesis de Solbes, el socialista Erasmo Armas valoró que el PP decidiera abstenerse de la convalidación en vez de votar en contra, gesto que interpretó como un "intento de aproximación" de las filas populares, al tiempo que destacó las mejoras introducidas en la norma.
El decreto ley convalidado hoy, la tercera subida de impuestos a las labores del tabaco acordada desde el pasado verano, incrementa en 1,05 puntos porcentuales el tipo 'ad valorem', que pasa del 55,95% al 57%, y sube dos euros el tipo específico, de 6,20 a 8,20 euros por cada mil cigarrillos.
IMPUESTO MINIMO.
Fija además un nivel mínimo de imposición de 55 euros por cada mil cigarrillos, que se aplicará cuando la suma del impuesto específico y el 'ad valorem' sea inferior a esa cifra. Según el Gobierno, el establecimiento de este nivel mínimo de imposición permite asegurar que todos los cigarrillos existentes en el mercado soportarán una tributación por impuestos especiales de, al menos, 1,10 euros por cajetilla.
Como novedades respecto al anterior decreto ley que resultó derogado, la norma incorpora medidas transitorias de apoyo a los estanqueros estableciendo en el 8,75% la comisión que reciben por la venta de cigarrillos, y permite vender tabaco a los quiosqueros a través de máquinas expendedoras en su interior.