MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno afirma que "no hay marcha atrás" en el cumplimiento de la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones según la cual a partir del día 9 de noviembre las tarjetas prepago que no se hayan identificado quedarán desactivada.
Una portavoz del Ministerio del Interior señaló a Europa Press que la ley se anunció hace tiempo e insistió en que "hay que cumplirla", por lo que los clientes de tarjeta prepago que antes de la fecha fijada no se hayan dado alta se quedarán sin línea.
Para evitar que cuatro millones de usuarios, según las últimas cifras aportadas por Redtel, asociación que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones --Telefónica, Vodafone, Orange y Ono--, pierdan sus números, la patronal ha propuesto al Gobierno que conceda un periodo adicional para que los usuarios que no se hayan identificado conserven su número aunque su línea y los servicios a ella asociados queden desactivados.
Fuentes de Redtel señalaron a Europa Press que de momento el Gobierno no ha respondido a su petición y recordó, no obstante, que esta solicitud no es ni una moratoria ni una prorroga a la ley, que en cualquier caso "se cumplirá escrupulosamente".
Asimismo, la patronal instó a los usuarios a que acudan a los puntos de venta de los operadores para identificar sus tarjetas prepago antes de la fecha propuesta por el Ministerio, ya que la "identificación presencial" será la única fórmula válida para identificar las tarjetas.
De acuerdo a la normativa, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007 y que tiene como objetivo la lucha contra la delincuencia organizada, a partir del 9 de noviembre los operadores tendrán que anular o desactivar las tarjetas no identificadas y el usuario perderá la línea y el número del móvil.
Asimismo, la ley establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes. En este sentido, los datos pueden ser requeridos por orden de un juez, con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves.