MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Internautas considera que la aprobación por parte del Parlamento Europeo del llamado paquete Telecom ha "sido un oportunidad perdida" de consolidar los derechos básicos a favor de un Internet "abierto, libre y competitivo", lo que puede suponer "un paso atrás" para países como España.
A juicio del el colectivo de internautas la aprobación del paquete Telecom deja "la puerta abierta" a la restricción de la conexión a la red sin que medie una decisión judicial previa.
En opinión del colectivo, otra "debilidad" de la nueva normativa europea es que no garantiza "la neutralidad" de la red al permitir la gestión del tráfico por parte de las empresas que gestionan las infraestructuras, mediante filtros de contenidos y el establecimiento de preferencias lo que puede resultar en una "vulneración" de la privacidad y discriminación en el servicio de Internet.
Igualmente, para la Asociación de Internautas es criticable el hecho de que no se acote la intervención en los flujos de información según "los intereses" de las grandes empresas de telecomunicaciones con posiciones dominantes en el mercado.
La Asociación de Internautas considera "ambigua" la normativa en cuanto a la posibilidad de interpretaciones judiciales posteriores. "Esa falta de claridad exigirá un control estricto en todo el proceso de transposición y aplicación del nuevo marco legal europeo", concluyó.
AMPLIA MAYORÍA
El paquete Telecom fue aprobado este martes por una amplia mayoría de 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones la reforma de la regulación del sector de las telecomunicaciones.
La normativa permite que los países de la Unión Europea puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido, mientras que en España la legislación exige una autorización judicial previa.
La aprobación de la Eurocámara pone punto y final a dos años de tramitación de la reforma, que fue propuesta por la Comisión en 2007. Los Gobiernos de los 27 ya la ratificaron el pasado lunes.
Las nuevas normas entrarán en vigor el próximo 18 de diciembre, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea tendrán entonces 18 meses para incorporarlas a sus respectivas legislaciones nacionales.