Redtel estima que las operadoras aumentarán en un 50% sus inversiones en las nuevas redes móviles

Actualizado: miércoles, 1 diciembre 2010 14:46

Canalejo reconoce que existen antenas "alegales" debido al "excesivo" trámite burocrático y las barreras al despliegue


MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de operadores de telecomunicaciones Redtel --que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono-- estimó que las operadoras de telecomunicaciones incrementarán en un 50% sus inversiones actuales para poder adaptar las redes a la nueva generación de comunicaciones móviles.

Así, el presidente ejecutivo de Redtel, Miguel Canalejo, señaló que si las inversiones en las redes actuales han rondado los 2.000 ó 2.500 millones de euros anuales, lo que supone uno de los mayores esfuerzos inversores en relación con los países del entorno, las inversiones en el nuevo espectro podrían incrementar este esfuerzo en más de un 50%.

Canalejo reconoció que, tanto por la crisis como por el hecho de que el cambio tecnológico para pasar de segunda a tercera generación ya se ha realizado en su mayor parte, las inversiones se han frenado en los últimos años y añadió, además, que las barreras al despliegue y las cargas fiscales "condicionan y retrasan" el ritmo de inversión que España necesita.

No obstante, el presidente de Redtel señaló que la futura generación de redes móviles generará nuevas inversiones por parte de las operadoras, pero precisó que este compromiso inversor dependerá del modelo de reparto de espectro por el que opte el Gobierno.

En este sentido, Canalejo señaló que el plan de espectro radioeléctrico, en el que se licitará un total de 310 Megahercios (MHz) en 2011 (un 70% más del que hay actualmente), tiene que realizarse "cuanto antes" para permitir que las compañías inviertan e indicó que, desde la asociación que preside, prefieren que se opte por la fórmula de concurso, que premiará las inversiones y, por ejemplo, la extensión de las nuevas tecnologías a zonas rurales.

Para Canalejo, el concurso es un modelo que ha funcionado anteriomente y por eso no debería cambiarse por una fórmula "meramente recaudatoria" (subasta) aunque entiende que se pueda optar en algunos casos, como en el del dividendo digital, por un "modelo mixto".

El presidente de Redtel señaló que desde el Ministerio de Industria "comparten nuestra visión" pero que ésta es una "decisión de Gobierno".

MENOS FISCALIDAD

Asimismo, Canalejo se refirió a la "excesiva fiscalidad" que soporta el sector de telecomunicaciones con tasas como la del uso del dominio público municipal o la recientemente aprobada tasa de financiación de RTVE.

Para el presidente de Redtel, no es "una buena política" aquella que opta por aumentar los impuestos en general, ya que puede provocar una ralentización del ritmo inversor. Por ejemplo, Canalejo señaló que la tasa por el uso del espectro radioeléctrico, que no ha dejado de crecer, ha supuesto entre el 2000 y el 2009 que la carga tributaria de los operadores de móviles se incrementará un 576%.

En concreto, Canalejo señaló, respecto a la tasa de RTVE, que es una carga impositiva "injusta" y recordó que esta recurrida tanto en España como en Europa. "La totalidad de los ingresos audiovisuales para las operadoras fue de 24 millones en 2009, mientras que el impuesto que tenemos que pagar por la tasa ha ascendido a 136 millones de euros", señaló.

ANTENAS "ALEGALES"

Además, la asociación mantiene diversos litigios con los Ayuntamientos por la tasa de ocupación del dominio público municipal, que supone el cobro de un 1,5% de los ingresos totales de las compañías, lo que supone un coste de unos 20 millones de euros en recursos jurídicos. Esta cifra se sumaría a los 200 millones de euros que la asociación debe soportar por estas cargas administrativas.

Redtel explicó que, de los 8.000 ayuntamientos existentes, unos 1.000 tiene esta tasa y señaló además que los diversos trámites burocráticos y la dificultad para obtener permisos a la hora de colocar antenas provocan que muchas de estas estén en estado de "alegalidad"

La asociación señaló que incluso hay ayuntamientos que llevan tres años sin conceder licencias lo que supone una parálisis total del proceso.