MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia europeo decidirá el próximo jueves, 8 de julio, si el Gobierno portugués ha incumplido la normativa comunitaria vigente al mantener los derechos que le otorgan las acciones especiales 'golden shares' que posee en el operador luso Portugal Telecom (PT).
La decisión del tribunal europeo afectará al veto aplicado hoy por el Gobierno luso a la oferta de Telefónica por la participación que PT posee en Vivo. Una medida que ha impedido la operación pese a que la propuesta del grupo español ha obtenido el respaldo del 74% de los accionistas del operador portugués.
Previsiblemente, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo fallará en contra de los privilegios que el Gobierno portugués posee gracias a la titularidad de 500 'acciones de oro' de PT y que permiten, entre otras cosas, el veto en las deliberaciones para la aplicación de los resultados, la modificación de los estatutos, el aumento del capital, la limitación y la supresión de los derechos de preferencia, así como la emisión de obligaciones y de otros valores inmobiliarios.
Estas acciones otorgan al Estado luso además un poder especial de decisión sobre la fijación de los objetivos generales de las políticas de la sociedad, la política de participación en sociedades y la autorización para la adquisición de acciones que representen más del 10% del capital social por parte de accionistas que ejerzan una actividad en competencia con PT.
En este sentido, el pasado mes de diciembre, el abogado general del Tribunal europeo, Paolo Mengozzi, sugirió al Tribunal de Justicia que declarase que la República Portuguesa ha incumplido con sus obligaciones y que le "condene a costas" por esta razón.
Según las conclusiones de Mengozzi, los derechos especiales del Gobierno "restringen" la posibilidad de participación efectiva de los accionistas ordinarios en la gestión y control de la sociedad y les "priva" además del poder de tomar decisiones "estratégicas" sobre las cuales el Estado posee un derecho de veto.
Para Mengozzi las 'acciones de oro' son medidas estatales, puesto que las acciones especiales no derivan de una aplicación normal del derecho de sociedades.
El abogado indica además que la atribución al Estado portugués de derechos especiales que le brindan la posibilidad de oponer su veto a la adopción de determinadas decisiones relativas a la vida de la empresa se debe equiparar a un "régimen de autorización administrativa".
Por todo esto, el abogado considera que el Gobierno luso no respeta el principio de proporcionalidad, ya que las medidas en cuestión no son adecuadas para garantizar la realización de los objetivos perseguidos y van más allá de lo necesario para alcanzarlos.
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