España recurre el laudo que perdió contra 9REN en el Ciadi por el recorte a las renovables

Publicado: jueves, 18 julio 2019 17:12

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha presentado un procedimiento de rectificación en el arbitraje que perdió contra 9REN Holding, sociedad de la firma de inversión First Reserve, por el recorte de las primas a las renovables.

A finales del pasado mes de mayo, la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, falló a favor de la sociedad con sede en Luxemburgo, condenando así a España al pago de una indemnización de 41,7 millones de euros, más los intereses y las costas del procedimiento.

Sin embargo, el Gobierno español, al igual que en los reveses sufridos anteriormente en los tribunales internacionales por los recortes aplicados en el pasado a las renovables, ha decidido recurrir la decisión.

Así, el Reino de España registró este miércoles la solicitud de rectificación del laudo, según consta en la web del organismo dependiente del Banco Mundial.

El Estado español ya tomó esta decisión con el laudo a favor del fondo Antin, en el que se le condenaba al pago de una indemnización de 112 millones de euros.

MÁS DE UNA TREINTENA DE DEMANDAS.

España suma más de una treintena de demandas de arbitraje de inversiones ante el organismo dependiente del Banco Mundial relacionadas con las reformas energéticas de las renovables.

El Ciadi ya ha fallado hasta en cinco ocasiones, incluyendo las de 9REN y Antin, a favor del demandante. En concreto, en los casos de Masdar, perteneciente al fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses; y NextEra, con el abono de 291 millones de euros, la indemnización más alta hasta el momento impuesta a España en los arbitrajes por el recorte a las renovables.

No obstante, en ninguno de los casos la ejecución de los laudos se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación o en periodo de solicitud de rectificación.

Además, el Estado español ha sufrido otros reveses más en los arbitrajes internacionales. El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) falló a favor de Foresight Luxembourg Solar 1 SARL con una indemnización de 39 millones de euros.

Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

RESOLUCIONES EN EL AIRE.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.

RECLAMACIONES POR MÁS DE 8.000 MILLONES

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.