Actualizado 30/06/2013 15:37 CET

El factor de sostenibilidad de pensiones puede perjudicar más a mujeres que a hombres, avisa un demógrafo

Personas mayores en San Fernando
AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Centro de Estudios Demográficos y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona Amand Blanes advierte de que la aplicación del factor de sostenibilidad definido por el grupo de expertos creado por el Gobierno puede perjudicar en mayor medida a las mujeres que a los hombres, mientras que el catedrático de Economía y director de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, recomienda hacer un 'Pacto de Toledo 2' en el que se revisen, entre otras cosas, los ingresos del sistema.

Así se lo pusieron de manifiesto a los diputados de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, ante la que han comparecido para dar su punto de vista con respecto al informe de los 'doce sabios', que propone la creación de un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para adaptar la cuantía inicial de las pensiones a la esperanza de vida y otro de Revalorización Anual (FRA) para calcular su actualización.

Según las actas de la comparecencia, que recoge Europa Press, Blanes Llorens advirtió a los diputados que el diseño del factor que se recoge en el informe de los expertos "no tiene en cuenta una variable básica en demografía como es el sexo", lo que "penaliza a las mujeres" que, con una esperanza de vida mayor, tendrán "ritmos de ganancia menores".

"Puede aducirse que las mujeres viven más y, por lo tanto, es un efecto corrector, pero también puede aducirse que tienen unas menores prestaciones y son sometidas a los procesos de soledad de la viudedad y, por lo tanto, necesitan más recursos", añade el demógrafo.

OBJETIVO IMPLÍCITO

Con respecto a la incentivación de la prolongación de la vida laboral en la que trabaja el Gobierno, Blanes Llorens advirtió de que el factor de sostenibilidad es contrario a ese objetivo, porque "cuanto más se decida retrasar la edad de abandono del mercado de trabajo, mayor efecto tendrá el factor", ya que la reducción de la pensión inicial es proporcionalmente más fuerte en sus primeros años de aplicación que en los posteriores.

En cualquier caso, el experto también advirtió de que es poco probable que las estadísticas demográficas se cumplan, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se limitada a "prolongar tendencias" de los años anteriores, a pesar de que en este momento de "completa inversión de los flujos migratorios" la realidad será previsiblemente muy distinta. Por ello, cree que habría sido más conveniente "utilizar alternativas" y no "un único escenario".

Por ello, ha reconocido que cuando leyó el informe tuvo "un poco la sensación" de que se había trabajado con "un objetivo implícito, muy formulado matemáticamente, que es el montante, y otro, que es hacer que la gente sea consciente de que de cara al futuro tendrá que complementar su pensión pública con una pensión privada". "Lo que me preocupa es si los ciudadanos atenderán a esa lógica y, más aún, si la atienden ¿la podrán llevar a la práctica? No lo sé", añadió.

ENTRADA EN VIGOR

Con respecto a su opinión sobre cuándo deberían entrar en vigor el FRA y el FEI, el experto en demografía cree que cuanto antes se haga supondrá que "un colectivo de trabajadores, que son los que ahora están en edades maduras y que han tenido una mayor incidencia de la actual crisis económica, sufrirán un doble ajuste: el que ya se hizo en 2011 y el que se propone ahora".

"Si lo viéramos todo en conjunto --que no hubiera habido dos reformas, o una reforma y una propuesta-- y se hubiera hecho todo en el mismo momento, nadie hubiera planteado alargar la edad de jubilación y, al mismo tiempo, indexar la pensión inicial", añadió.

De opinión parecida es Felipe Serrano, quien propone los años 2020 o 2021 para la introducción de estos factores para poder "distribuir entre más cohortes de población los costes de la reforma". "Creo que los factores son correctos, más allá de que tengan problemas, pero que no es necesario aplicarlos de manera inmediata", señaló.

Además, sugirió a la Comisión que se plantee adelantar los plazos transitorios fijados en la última reforma de las pensiones (Ley 27/2011), que lleva al año 2027 el retraso de la jubilación a los 67 años, porque los periodos aprobados son "demasiado largos". "Habría que adelantar las transitorias en el tiempo y, a la vez, incorporaría los factores de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de repartir entre más generaciones el coste del ajuste", insistió.

NUEVOS INGRESOS

En cualquier caso, Serrano también opina que todos estos cambios deben acompañarse de la negociación de un 'Pacto de Toledo 2' que incluya una revisión de los ingresos del sistema público de pensiones. "Si no, se laminará la tasa de sustitución del sistema", advirtió.

Como opciones, puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar las cotizaciones de empresarios --cosa que no ve "conveniente"-- o de los trabajadores, que actualmente aportan uno de los porcentajes "más bajos de Europa". También podría "desplazarse parte de la cuota por desempleo hacia contingencias comunes" aunque "evidentemente esto sólo sería posible una vez que la situación de crisis actual haya pasado y el empleo vuelva a recuperarse".

"Lo ideal sería una combinación de estas dos medidas, lo que podría representar un incremento de ingresos al sistema algo superior al 1% del PIB, dependiendo de cómo se establezca la combinación y de cuánto se aumente la aportación del trabajador", apuntó.

Por otra parte, también se podría dejar de considerar las pensiones de viudedad como prestaciones de naturaleza contributiva y considerarlas asistenciales, de tal manera que "solamente las recibieran los familiares que careciesen de renta suficiente --a determinar por los representantes políticos--" y que se cargaran al sistema impositivo general.

"Esto supondría un ahorro para el sistema de aproximadamente 2,5 puntos. En total, ya les he dicho cómo pueden llegar a alcanzar en torno a 3,5 puntos del PIB de ahorro, con lo que el sistema de pensiones podría hacer frente al gasto esperado sin necesidad de afectar negativamente a las pensiones futuras. Los efectos negativos de los dos factores de sostenibilidad podrían así ser neutralizados", añadió.

Por último, argumentó que al margen de que las previsiones demográficas o económicas prueben ser acertadas o no, no puede ser un argumento para "negar la necesidad de las reformas y esperar a que Dios proveerá en forma de un mayor crecimiento". "Si las proyecciones son equivocadas y el crecimiento que finalmente se acaba logrando es superior al que hoy estamos estimando, la reforma es reversible. Lo que no resulta reversible es la no reforma, y que además se cumplan las proyecciones", zanjó.

Por último, el catedrático emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Deusto Manuel María Zorrilla opinó que el acceso a la Seguridad Social es uno de los derechos fundamentales y que el informe de los expertos sobre el factor de sostenibilidad constituye una "tentativa sorprendente de dar vida a un ordenamiento jurídico distinto del ordenamiento jurídico que establece la Constitución española de 1978".

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