MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La cuarta semana del juicio oral por el 'caso Gescartera' comenzó hoy con las comparecencias como testigos de los interventores de la CNMV Carlos Fernández Sánchez-Vilar y Carlos Bucero solicitadas por el fiscal, Vicente González Mota. Ambos coincidieron en señalar que a fecha de la intervención, Gescartera tenía 2,4 millones de euros --sólo 218.000 en liquidez-- de los 77 millones invertidos por los clientes durante los diez años de vida de la entidad, lo que supone el 3,1%.
De ese total, los responsables de la agencia de valores Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna trataron de justificar el mismo 14 de junio de 2001, día de la intervención, la existencia de cerca de 52 millones de euros de liquidez con certificados de cuentas de clientes en 'La Caixa' y el Santander que resultaron ser falsos para, cuatro días después, elevar dicha cantidad a 77 millones de euros y justificar su paradero en dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).
"Por la mañana dijeron que la liquidez estaba en 'La Caixa' y el Santander, por la tarde en el extranjero", explicó Bucero. Los inspectores de la CNMV explicaron que de los 2,4 millones de euros encontrados, 148.000 euros correspondían a dinero resultante de operaciones de liquidez de las inversiones, 70.000 euros estaban depositados en dos cuentas abiertas en Caja Madrid y el Banco Zaragozano y el resto estaban invertidos en valores. Esta cifras revelan que Gescartera sólo poseía el 3,15% del total del dinero depositado por los clientes.
Según explicaron los interventores, durante la intervención se encontraron 143 cuentas individuales abiertas a nombre de clientes de renta variable con un total de 1,3 millones de euros, así como una única cuenta abierta a nombre de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) con una inversión a renta fija por valor de 907.000 euros.
Los dos interventores de la CNMV reconocieron a Camacho y Ruiz de la Serna como responsables directos de Gescartera y como conocedores del agujero patrimonial de la entidad. Asimismo, coincidieron en declarar que el último recurso con el que se intentó justificar la existencia de los fondos fue a través de la documentación referente a las sociedades Martin Investments y LLC Murray, domiciliadas en Estados Unidos y que con el dinero existente "no se podía pagar a los clientes".
