MADRID/VALENCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aseguró ayer que no eliminará las condiciones impuestas desde el Ministerio de Industria a la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa, en el día límite fijado por la Unión Europea para esa retirada. Desde Bruselas, se ha respondido amenazando al Ejecutivo español con expendientarle y recurrir su decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Europa entiende que la postura española vulnera los principios de libre circulación de capitales y mercancía y la libertad de establecimiento. El Gobierno español, por su parte, asegura que la oferta de E.ON no garantiza el suministro para un futuro.
En este tira y afloja, el portavoz europeo de Competencia, Jonathan Todd, aseguró que el requisito que habían impuesto era garantizar que las condiciones que consideran "ilegales" fuesen retiradas ayer. "Tenemos la opción de abrir un procedimiento de infracción al Gobierno español por no respetar la legislación comunitaria", explicó. En todo caso, advirtió que si el Gobierno español "se mantiene en sus trece" el caso acabará ante el Tribunal de Justicia Europeo (TUE). "La ventaja de las sentencias del Tribunal de Justicia es que establecen una jurisprudencia clara para el futuro". dijo.
Fuentes del Ministerio de Industria consultadas consideran que las discrepancias entre los ejecutivos nacional y comunitario sólo responden a una "diferente interpretación del derecho comunitario". Esas mismas fuentes aseguran que impusieron esas premisas a E.ON porque "estaban de acuerdo con la normativa europea".
Entre esas condiciones figuran la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en 5 años, la obligación para E.ON de utilizar carbón nacional y de no adoptar decisiones energéticas que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
Desde Valencia, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, destacó además al respecto que existe "sólo una disputa jurídica sobre alcance de competencias", pero "sin consecuencias económicas", ya que "la OPA está desbloqueada".
UN NUEVO "CULEBRÓN"
El Partido Popular tacha de "irresponsable e intervencionista" la actitud gubernamental. Según el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, dichas actividades "tiran por la borda" la posibilidad de avanzar en el mercado energético y suponen "un episodio nuevo del culebrón sobre su mala gestión en política energética". Desde el principal partido de la oposición, se recuerda al Gobierno que igual que está haciendo España, "el Reino Unido pueda poner trabas a la entrada de Iberdrola" en el panorama inglés.
Y mientras los partidos se enfrentan entre sí y con Europa, Acciona, primer accionista de Endesa, ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que investigue la OPA de E.ON. La constructora, propiedad de la familia Entrecanales, afirma que la eléctrica alemana dispone de información confidencial sobre Endesa que ni siquiera conocen los propios accionistas de la compañía.
