MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno sacará adelante en el Pleno del Congreso el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como 'Ley crea y crece', con el apoyo del PP y PDeCAT, y la abstención de Esquerra Republicana y el PNV.
La propuesta, que será aprobada y enviada al Senado este jueves para completar allí su tramitación, contiene la modificación de doce leyes para mejorar las condiciones de financiación de las empresas, facilitar la constitución de las sociedades y perseguir la morosidad entre las mismas con medidas desde la contratación pública.
EL 'CREA' SÍ, ¿PERO EL 'CRECE'?
Sin embargo, grupos como el PP o el PNV han señalado como "principal déficit" la falta de medidas para facilitar el crecimiento de las empresas, donde estos grupos creen que "se podría haber sido mucho más ambicioso".
"No entendemos cómo lo más importante no se ha legislado adecuadamente", ha lamentado el diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua, que cree que el proyecto "se centra sólo en mejorar la capacidad de financiación" y se echa en falta la reducción de trámites administrativos y una generalización de los silencios positivos o la declaración responsable.
"Se incide mucho en la creación y no tanto en el crecimiento, vital para que las empresas se mantengan", ha dicho Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, que también ha cargado contra lo que considera un "control político administrativo centralizado" del Ministerio de Asuntos Económicos en sus mecanismos de control al resto de administraciones, superando los ya previstos en la Ley General de Mercado.
ERC Y PNV SE MUEVEN TRAS RECHAZAR EL PROYECTO EN COMISIÓN
Sin embargo, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno, el PNV ha movido su voto en contra en la Comisión a la abstención, al igual que ERC, que también celebra los últimos acuerdos para reforzar las garantías contra la morosidad empresarial, como es un certificado del pago a sus subcontratistas en cada certificación de obra.
Un acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT, cuyo portavoz, Ferrán Bel, ha celebrado la modificación de hasta cinco regulaciones para combatir la morosidad, tipificándola como práctica de competencia ilegal en la Ley de competencia desleal, e impulsando medidas coercitivas desde la Ley General de Subvenciones, la Ley de contratos del sector público o la factura electrónica.
FALTA EL RÉGIMEN SANCIONADOR A LA MOROSIDAD
Sin embargo, Bel ha lamentado la falta de un régimen sancionador como el que plantea el PDeCAT en una proposición de ley sepultada tras sucesivos plazos para presentar enmiendas, al igual que Junts, cuya diputada Pilar Calvo ha atribuido esta ausencia al "miedo reverencial a las grandes empresas" del Gobierno.
También ha lamentado su ausencia una de las formaciones de Gobierno, Unidas Podemos, cuyo diputado Txema Guijarro ha señalado cómo, pese a que las empresas del Ibex cobran a 68 días --el plazo legal máximo es de 60--, estas pagan a sus proveedores a 193 días, según datos de la CNMV, representando el 61% de toda la morosidad pese a no ser siquiera el 1%. En todo caso, ha celebrado los "poderosos incentivos" que recoge la nueva norma para hacer cumplir los plazos, siendo además "más exigentes" con las grandes.
