MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha mantenido reuniones con representantes empresariales de diversas asociaciones para impulsar reformas y tratar el problema sobre los periodos de pago a los proveedores y evitar el grave perjuicio que la demora de estos pueda causarles.
Fuentes de Hacienda han explicado que "las administraciones cuyo periodo medio de pago supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, pueden llegar a la retención, por parte del Estado, de los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores y reconducir de forma imperativa su pago medio a proveedores al plazo máximo legal".
En estas reuniones, que forman parte del proceso del diálogo iniciado en julio de 2014 entre el Ministerio y varias asociaciones de empresarios, se han tratado reformas dirigidas tanto a comunidades autónomas (CCAA) como a entidades locales.
REFORMAS CONTRA LA MOROSIDAD
Entre las reformas adoptadas destacan el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico, la ley de impulso de factura electrónica, la creación del registro contable de facturas en el sector público, la ley orgánica de control de la deuda comercial y la obligación para todas las administraciones públicas de calcular y publicar su período medio de pago.
Esta publicación, de carácter mensual para las CCAA, capitales de provincia y municipios de más de 75.000 habitantes, se realiza conforme a una metodología común y homogénea, lo cual según Hacienda "le dota de transparencia, implica un avance en las posibilidades de análisis de los datos, tanto en el tiempo como entre las distintas administraciones y supone un incentivo a su reducción para las propias Administraciones".
Las actuaciones de seguimiento previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevén un conjunto de medidas para aquellas Administraciones cuyo periodo medio de pago supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Una de ellas es la retención por parte del Estado de los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores y reconducir de forma imperativa su PMP al plazo máximo legal.
Hacienda ha afirmado que este conjunto de reformas estructurales ha situado a España "en una posición pionera" respecto a los países de nuestro entorno, en relación al procedimiento de facturación y seguimiento de los periodos de pago a proveedores.
El Ministerio considera "un paso más en la lucha contra la morosidad en el ámbito del sector público" los nuevos mecanismos de financiación aprobados en el Real Decreto de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, ya que establece como condición para acceder a la financiación que la administración potencialmente beneficiaria presente un 'Periodo Medio de Pago' en consonancia con el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
