El ICAC defiende que todas las empresa españolas apliquen las normas internacionales de contabilidad

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) defiende

que todas las sociedades españolas, cotizadas y no cotizadas,

apliquen las normas internacionales de contabilidad en el año 2007,

con el objetivo de que estén preparadas para la homologación contable

a escala mundial que, según estimó su presidente, José Luis López

Combarros, podría tener lugar entre 2007 y 2010.

La iniciativa forma parte de las propuestas realizadas por un Comité

de Expertos creado por el ICAC que tiene aún pendiente de presentar

al Gobierno, señaló Combarros durante su intervención en el curso ''El

buen gobierno de las empresas'', organizado por la Asociación de

Periodistas de Información Económica (APIA) en la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el patrocinio de BBVA.

El máximo responsable del ICAC reconoció, no obstante, que este

proceso estará "no exento de dificultades", dado que en la

elaboración de la normativa contable habrá que sortear "problemas

fiscales" y mercantiles, por lo que el organismo ha propuesto

diferentes calendarios de adaptación en función del tipo de

sociedades.

La iniciativa del ICAC va más allá de las exigencias europeas, que

sólo obligan a presentar las cuentas consolidadas -de grupos- de las

sociedades cotizadas según las normas internacionales de contabilidad

(NIC) a partir de 2005, y deja en manos de cada país la posibilidad

de su extensión al resto de empresas.

ICAC quiere extender esta exigencia a las cuentas de los grupos no

cotizados "en 2 ó 3 años", y durante ese periodo de adaptación

permite a la dirección de las sociedades elegir qué tipo de reglas

aplica sin la posibilidad de volver a la norma española si se

decantan por las NIC.

Para las empresas cotizadas que no tiene grupo y sólo presentan

cuentas individuales, propone que sigan presentando las cuentas con

criterios puramente españoles, pero con un anexo en el que coste el

balance y la cuenta de resultados según normas NIC, como espera que

lo va a solicitar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el resto de sociedades, el plan plantea una acomodación de las

reglas dentro del plan de Contabilidad General para que converja en

el año 2007 con las normas internacionales.

Según el presidente del ICAC, este periodo de adaptación permitirá

facilitar a la adaptación a las empresas a la equiparación de las

reglas de contabilidad a escala mundial, que a su entender se podría

producir entre 2007 y 2010 si fructifica el acuerdo entre el órgano

emisor de normas internacionales europeo y el estadounidense, que ya

están trabajando en esta tarea.

En opinión de Combarros es "muy importante" que se de este paso para

que evitar la situación actual que obliga a las empresas a elaborar

las cuentas según las distintas reglas nacionales, en perjuicio de la

transparencia.

En este sentido, consideró un "fracaso" que la Unión Europea no haya

conseguido aún homologar los principios contables, porque en a su

juicio "no tiene sentido" que se no se puedan entender y comparar los

estados contables de empresas en distintos países.

Por otra parte, Combarros consideró que la adopción de la NIC va a

tener un "impacto mínimo" en las cuentas de las sociedades, porque

más del 90 por ciento de los principios ya se han incorporado a la

normativa española y los efectos más relevantes afectan a las

inversiones financieras temporales o especulativas y a derivados, que

realizan principalmente entidades financieras y aseguradoras.

Sin embargo, reconoció que existe "discrepancias" en tres aspectos en

los que sí puede haber un "impacto significativo" y que afecta a

empresas con cartera industrial, aseguradoras y empresas

concesionarias, aunque el desarrollo de dichas normas no está aún

cerrado.

En materia de participadas, las NIC elevan desde el 3 al 20 por

ciento el porcentaje de capital que debe controlar una empresa de

otra sociedad para poder anotarse sus cuentas en puesta en

equivalencia, a menos que se constate que tiene una influencia

decisiva en su gestión.

El ICAC se ha opuesto a esta norma y espera una respuesta a

principios de 2004, después de haber indicado al organismo regulador

europeo la peculiaridad de la situación española en la que a partir

del 3 por ciento puede existir una influencia significativa en el

consejo de las participadas con la presencia de varios consejeros y

"a veces con el 4 o 5 por ciento tienen el control de la gestión",

dijo.

Combarros se mostró confiado en que finalmente se respeten las normas

españolas, después de que algunos países hayan mostrado su interés

por esta situación y, e incluso bromeó con que "a lo mejor, nos

copian y tenemos más apoyo".

El problema en el sector asegurador se plantea en cuando a las

provisiones para riesgos, mientras que en las empresas concesionarias

-eléctricas, agua, autopistas, etc- se deriva de que la norma

internacional les impide periodificar las inversiones que realicen en

las concesiones, a diferencia de la contabilidad española.

Las NIC van a requerir mayor desglose de información a las compañías

-incluyendo aspectos como las ''stock options'' de directivos--, al

tiempo que cambiará aspectos como los relativos a la financiación por

flujo de tesorería y va a "mejorar" las cuentas de pérdidas y

ganancias", indicó.

Combarros realizó un repaso además de las novedades introducidas en

la Ley Financiera relativas a las firmas de auditorías y anunció que

el ICAC revisará los trabajos de auditoras de "todas las empresas"

con intereses públicos -cotizadas, con acciones, afectadas por

regulación...-"con una periodicidad como máximo de seis años".

Para el resto de compañías, la labor de control de calidad del ICAC,

que es una de las nuevas funciones que se le han adjudicado con la

Ley Financiera, será de 10 años.

El presidente de Deloitte & Touche, Carlos González, coincidió con

Combarros en que al final deberán converger todas las reglas

contables y valoró positivamente la obligatoriedad de crear

Comisiones de Auditorías en el seno de las empresas, porque facilitan

el trabajo de las auditoras externas y les permite acceder a los

consejeros de la compañía.

Sin embargo, defendió que la auditoría "no es una labor policial" y

"no está diseñada para detectar fraude" sino para verificar que las

cuentas que se publican arrojan una imagen fiel del balance de la

compañía. "Un auditor no juzga si tiene un proyecto de negocio bueno

o hace bien el análisis o es viable, sólo que esté bien presentado en

activos y pasivos", indicó.

González indicó que la tendencia es ir cada vez hacia una mayor

prudencia e incrementar las provisiones, y subrayó que en España "ni

una sola" compañía ha tenido que realizar ajustes en sus cuentas a

requerimiento de los reguladores, a diferencia de Estados Unidos,

donde se han producido "multitud" de requerimientos para realizar

rectificaciones.

Por su parte, el director general del Operaciones del Grupo Prisa,

Ignacio Santillana, consideró claves las transparencia, calidad y

cantidad de información y el establecimiento de mecanismos de buen

gobierno para asegurar la buena dirección.

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26-Jun-2003 16:33:35

(EUROPA PRESS)

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