BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una juez de Manresa (Barcelona) ha dado un plazo de un día a la
compañía Fecsa-Endesa para que deposite una fianza de 16,5 millones
de euros por el gran incendio forestal que arrasó 26.500 hectáreas en
1998 en la Catalunya central, tras responsabilizar a la compañía del
fuego, que durante 12 días afectó a numerosos municipios de la zona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Manresa (Barcelona)
ha enviado a juicio, por el trámite de la Ley del Jurado, al jefe de
la zona donde se inició el incendio (en el término municipal
barcelonés de Aguilar de Segarra, Agustín María L.R., y al jefe de
mantenimiento de la zona, Francesc A.L., y ha declarado responsable
civil subsidiaria a la compañía, tras cuatro años de instrucción del
caso, según señala un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La juez ha abierto juicio oral, en una decisión que no puede ser
recurrida, a los dos directivos de la compañía por un delito de
incendio forestal por imprudencia grave. Además, ha sentado en el
banquillo de los acusados a dos jóvenes que provocaron siete
incendios en el mismo mes y en la misma zona, aunque la magistrada no
los responsabiliza del incendio que arrasó casi 27.00 hectáreas del
Bages y el Berguedà, y que se inició en 18 de julio de 1998.
La magistrada considera que la falta de "conservación, limpieza y
mantenimiento" de las líneas eléctricas en una zona boscosa del
término municipal de Aguilar de Segarra provocó que se extendiera el
fuego, que, según la juez se inició después de un arco eléctrico que
se produjo entre dos conductores la tarde del 18 de julio de 1998.
Según el auto, la empresa Exploraciones Forestales Puente S.A.
realizó diez días antes en la citada zona trabajos de limpieza y tala
de árboles, después de que Fecsa hubiera sido denunciada por
"incumplimiento de la distancia de seguridad entre el arbolado y los
cables conductores".
En la zona del siniestro se encontraron "aisladores de vidrio viejo
pertenecientes a las obras efectuadas en la línea, trozos de cable
viejo, y un cable de tierra", además de "un bote de lata vieja usada
para pintar las torres de la línea eléctrica, una botella de cristal
y gran cantidad de restos de masa forestal no retirada dentro de la
franja de seguridad".
La juez considera que los dos directivos de la compañía, "en su
condición de jefe de zona y jefe de mantenimiento de la zona de
Aguilar de Segarra", eran los "responsables de la conservación,
limpieza y mantenimiento de las líneas y de las zonas de seguridad".
En el auto, la juez señala que diversos testigos afirmaron haber
presenciado "chispas" en el tendido eléctrico lo que, añadido al
informe que realizó la Dirección General de Medio Ambiente, confirman
que el fuego se inició por el desprendimiento de unas partículas
incandescentes "como consecuencia de un arco eléctrico en la línea de
alta tensión, que prendieron por las condiciones climatológicas
reinantes, la masa forestal derivada de la tala". La juez también ha
tenido en cuenta el informe que redactó la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Por ello, añade la juez "existen indicios y motivos suficientes para
sostener la acusación contra los empleados de la empresa titular de
la línea eléctrica".
La imputación de los dos directivos y de la compañía se ha producido
a instancias del abogado de la acusación particular, Manel Busquet,
que representa a 27 propietarios afectados por el fuego, entre ellos
el Ayuntamiento de Aguilar de Segarra. El letrado mostró su
"satisfacción" en declaraciones a Europa Press por la decisión de la
juez.
La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya (TSJC) retiró la acusación en abril del año pasado contra
la compañía y centró su imputación en dos jóvenes, Josep Maria P.O. y
Josep Maria F.B, quienes fueron detenidos por la Guardia Civil poco
después de los incendios.
De hecho, estos dos jóvenes también deberán sentarse en el banquillo
de los acusados, puesto que la juez los considera autores de un
delito continuado de incendio forestal, ya que causaron siete
incendios de menor tamaño entre los días 18 y 24 de julio de 1998,
que afectaron un total de 26.500 hectáreas.
A consecuencia de estos incendios, resultaron perjudicados en sus
fincas y propiedades privadas unas 200 personas, que sufrieron daños
cuantificados en 26,9 millones de euros. Sin embargo, la magistrada
entiende que no intervinieron en el gran incendio.
En el auto, la juez relata cómo, la tarde del 18 de julio de 1998, se
inició un incendio en la zona conocida como Cementerio Nuevo, en el
término municipal de Aguilar de Segarra (Barcelona), que se extendió
rápidamente. Según la juez, el fuego se inició "en el corredor o zona
de servicio de línea de alta tensión Pobla-Pons Congost", bajo los
cables conectores de la línea, titularidad de Fecsa.
El fuego se propagó rápidamente y devastó 26.500 hectáreas, afectando
a los municipios de Aguilar de Segarra, Sant Mateu de Bages y
Fonollosa, llegando a la Sierra de Castelltallat. Durante todo el
día, decenas de dotaciones de bomberos consiguieron controlar el
fuego, pero la tarde del día siguiente, se volvió a reavivar y se
propagó por los municipios de La Mollosa, Pinos, Cardona y Riner,
dirigiéndose aquella misma noche a la zona del Solsonès.
La madrugada del día 20, este fuego se unió a otro que se había
iniciado el día anterior en Cardona, después de que se produjera un
cambio de viento que afectó a las tareas de extinción. El tamaño del
incendio se incrementó y afectó a municipios de Pinós, La Molsona,
Riner, Calonge de Segarra, Castellfolit del Riubregos, Torà, Biosaca,
Sant Pere Sallavinera, Solsona, Olious y Llobera. El día 21, el
incendio entró "en fase de control", siendo extinguido el 30 de
julio, 12 días después de su inicio.
La juez considera que el fuego se inició después de que se produjera
un arco eléctrico entre los dos conductores de la línea de alta
tensión Pobla Congost 5 y 6, que provocó el "desprendimiento de
partículas incandescentes a tierra, que al caer sobre la vegetación
reseca, y encontrándose en la zona los restos" de una tala de árboles
"originaron el inicio de la ignición y del incendio".
Con esta decisión, que no puede ser recurrida, se ha cerrado una
instrucción de cinco años y que está dividida en 40 volúmenes. Según
fuentes jurídicas, el juicio podría celebrarse antes de año con
tribunal popular y en la Audiencia de Barcelona.
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13-Jun-2003 19:10:57
(EUROPA PRESS)
06/13/19-10/03
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