Junta se reúne con el Gobierno para facilitarle la documentación sobre el acuerdo en materia de inversiones pendientes

Actualizado: jueves, 5 julio 2012 16:03

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, se ha reunido con el director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Jaime Iglesias, para facilitarle toda la documentación relativa al acuerdo alcanzado en materia de inversiones pendientes y cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía.

Fuentes cercanas a la Junta han indicado a Europa Press que esta reunión se ha producido en Madrid y en ella Llanes le ha facilitado, a modo de recordatorio, toda la documentación, que se han ido intercambiando durante los últimos meses las administraciones, relativa al acuerdo en torno a las inversiones no ejecutadas en 2008 y 2009 y el reconocimiento de 1.504 millones adeudados a la Junta.

De esta forma, se le he entregado toda la documentación acreditativa, a modo de información sobre el acuerdo que se alcanzó entre la Junta y el Gobierno central en el seno de la Comisión Bilateral Junta-Estado.

La semana pasada, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila recibió una carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, donde éste "niega que el Gobierno central tenga obligación de pagar las inversiones no ejecutadas en 2008 y 2009", cuantificadas en 1.504 millones de euros.

En una carta, recibida por la Junta y a la que tuvo acceso Europa Press, Beteta apuntaba que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado "carece de competencias en materia de inversiones, quedando asignada en una comisión que no ha sido constituida, como es la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma (CMAEF)".

Por ello, según sigue Beteta en su carta, la metodología y procedimiento aprobados en un grupo de trabajo de una comisión "que no tiene competencias en la materia", así como las comunicaciones recibidas en relación con la Disposición Adicional Tercera en 2008 y 2009, "no suponen ningún compromiso de pago", tras lo que Beteta considera que "no es procedente la petición" efectuada por la Junta de convocar la Comisión de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo replicó entonces a Antonio Beteta, y le aseguró entonces que la Comisión Bilateral "sí es competente" en materia de inversiones, tras lo que ha aseverado que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma que, según subraya Beteta en una carta remitida a la Junta, no ha sido constituida, según la Junta, "no sólo se ha constituido sino que ha mantenido ya cinco reuniones desde mayo de 2007 hasta diciembre de 2009".

Fuentes de la Junta indicaron la semana pasada a Europa Press que el consejero de Economía rechazó los argumentos expuestos por Beteta para justificar el "incumplimiento" por parte del Gobierno central de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que determina la inversión que el Estado ha de destinar a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado durante siete años en función de su peso poblacional en el conjunto del país.

La Junta explica que la misiva del secretario de Estado, recibida en la Consejería el pasado 25 de junio, se produce en respuesta a otra carta del consejero Ávila del pasado 5 de junio en la que le instaba a "cumplir el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado del 16 de septiembre de 2011, cuando se fijaron las desviaciones definitivas observadas en la ejecución de inversiones del Estado en los ejercicios de 2008 y 2009". Agrega que esa cifra "negociada, reconocida y acordada", fue de 1.504,54 millones de euros.

Asimismo, esta misma semana, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha indicado que los servicios jurídicos de su departamento preparan una "respuesta jurídica" a la carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que negaba que el Gobierno tuviera la obligación de pagar las inversiones no ejecutadas en 2008 y 2009, cuantificadas en 1.504 millones de euros.