OCU valora positivamente la multa de 64 millones a Airbnb y Asufin considera que es "un aviso para navegantes"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado positivamente la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo por anunciar viviendas sin licencia, entre otros motivos, mientras que Asufin ha destacado que "las plataformas intermediarias no pueden tener sólo beneficios y ninguna responsabilidad", afirmando que la sanción es "un aviso para navegantes".

Por su parte, la compañía sancionada ha afirmado en un comunicado que recurrirá la multa al considerarla "contraria al marco legal español y europeo", al mismo tiempo que ha resaltado su colaboración con el Miniserio de Vivienda desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el pasado 1 de julio.

"La obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas", ha defendido Airbnb.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que se trata de la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la multa de 108 millones de euros impuesta a la multinacional Ryanair.

La OCU ve una buena noticia que se refuerce el control sobre el alquiler turístico, aunque ha advertido de que el problema del acceso a la vivienda no se solucionará únicamente endureciendo la normativa sobre alquileres temporales. "La raíz del problema está en el desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta que se reduce", ha añadido.

Por ello, ha reclamado medidas que "garanticen a los pequeños propietarios la recuperación de su vivienda en caso de impago en plazos razonables", reservando la suspensión de desahucios a casos excepcionales de vulnerabilidad contrastada y acompañada de compensaciones rápidas y efectivas.

Además, propone incentivos fiscales para quienes ofrezcan alquileres de larga duración a precios asequibles, así como un sistema eficaz de protección a los hogares vulnerables que "no reduzca la oferta ni dispare las rentas".

En cuanto a Asufin, su presidenta, Patricia Suárez, ha asegurado que Airbnb ha sido castigada por "hacer una intermediación sin asumir ningún tipo de responsabilidad ni ejercer una labor de mínimo control de aquello que anuncia". Del mismo modo, ha valorado positivamente la acción ejercida por Consumo.

Otra reacción de hoy ha sido la del consejero delegado y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, que ha calificado de "adecuada" la sanción a Airbnb, ya que se le había avisado en "varias ocasiones".

El empresario ha advertido además que España "tiene un problema muy grande, que es la necesidad de combatir la ilegalidad", extendiendo esta situación no solo al alquiler vacacional, sino también a los hoteles, los 'party boats', los taxis piratas o los "pseudoguías" turísticos sin titulación.

SANCIÓN DE CONSUMO

Las infracciones de la normativa de consumo --identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución-- han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.

En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.

Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale "a seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.