Archivo - La directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís, interviene durante el encuentro informativo Spain DC bajo el título 'Centros de datos: el cerebro de la era digital', en el Espacio Bertelsmann, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
SpainDC, la asociación española de 'data centers', ha considerado especialmente "revelador" que la nueva propuesta de real decreto para regular los centros de datos establezca un régimen específico para determinados proyectos, entre ellos los vinculados a la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) de Mora la Nova (Tarragona), impulsada por el Ejecutivo.
Según el documento remitido al Consejo de Estado por el Gobierno, la normativa prevé un régimen "específico para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la Unión Europea cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial (IA) y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias".
"La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar", ha afirmado la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís. "Para sus proyectos introduce flexibilidad y un régimen específico; para el resto del mercado mantiene unas exigencias que considera asumibles", ha añadido.
En este sentido, la asociación ha señalado la "incoherencia de flexibilizar ciertas condiciones exclusivamente para determinados desarrollos vinculados a propuestas públicas". "Esta diferenciación refuerza las dudas sobre la proporcionalidad del régimen general y sobre el trato que recibirán las inversiones privadas que compiten por desarrollar la misma infraestructura digital", ha explicado la patronal.
CRÍTICAS A LA DISCRIMINACIÓN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN
Fuentes del sector han tachado la norma de ilegal al considerar que es imposible de cumplir y han denunciado un trato de favor manifiesto debido a que el Ejecutivo se aplica una exención a sí mismo y excluye a los centros de datos de la Administración pública, al tiempo que exime a proyectos como la gigafactoría de IA de Mora la Nova (Tarragona).
Frente a las interpretaciones mediáticas que apuntaban a un suavizado de las exigencias, las fuentes han desmentido este extremo de forma categórica: "La lectura que le han querido dar de que se suaviza, no; se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos".
En este sentido, han señalado que el real decreto aboca a la industria a la alternativa de exigir un 80% de generación renovable con un 80% de correlación horaria --medida calificada de desproporcionada que supondría multiplicar por 14 la capacidad de la red--, o bien aceptar el riesgo de cortes de red, algo que consideran grave al situar a los centros de datos como el único sector afectado por esta restricción.
SPAINDC RECHAZA EL NUEVO TEXTO
La patronal ha rechazado el nuevo texto del real decreto remitido al Consejo de Estado al considerar que conserva las principales exigencias que hicieron "inviable" el proyecto inicial y añade nuevos riesgos para la operación, la seguridad jurídica y la inversión.
Lejos de significar una relajación de las exigencias, el nuevo texto introduce una alternativa que SpainDC ha calificado de especialmente grave.
En concreto, la asociación ha denunciado que los centros de datos que quieran acceder a una transición gradual antes de cumplir plenamente la exigencia del 80% renovable hora a hora deberán aceptar que el operador del sistema pueda provocar un apagón cuando lo requiera. El proyecto no establece límites claros sobre la frecuencia o duración de estos episodios ni ofrece a los operadores la previsibilidad que necesita cualquier infraestructura esencial.
"Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón", ha criticado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz. "Para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión", ha comentado..
Por su parte, Villacís ha censurado que hay un señalamiento "específico" a los centros de datos que no aceptan. "No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación, inversión o capacidad de la red que no hemos generado", ha afeado la directiva.
En este sentido, Villacís ha reprochado que "la transición no es una concesión sin contrapartidas". "La elección es entre cumplir desde el principio una obligación que consideramos inviable o aceptar el riesgo de apagón. Eso no es eliminar una barrera: es mantener una y crear otra peor", ha lamentado.
EL 80% HORA A HORA Y LAS REGLAS PARA PROYECTOS EN MARCHA PERMANECEN
El nuevo texto mantiene como régimen general la obligación de que al menos el 80% del consumo eléctrico de cada hora esté respaldado por generación renovable producida en esa misma hora.
Esto ignora, según SpainDC, recomendaciones clave del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recogía buena parte de las objeciones planteadas por el sector, como son la rigidez de esta correlación, el riesgo de sobredimensionar generación y almacenamiento y la ineficiencia de exigir nueva generación cuando el sistema ya dispone de excedentes renovables.
Tampoco cambia uno de los elementos que más preocupa a las compañías con proyectos ya avanzados, las cuales, en el caso de contar con permisos de acceso y conexión pero no estar todavía conectadas físicamente, dispondrán de solo seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos, con el riesgo de perder sus permisos y garantías si no lo hacen.
A este respecto, Díaz ha advertido de que "éste no es un debate sobre inversiones hipotéticas", sino que "hay proyectos con años de desarrollo, suelo adquirido, contratos firmados y capital comprometido bajo unas reglas determinadas; cambiarlas ahora y añadir la posibilidad de perder permisos abre un escenario de litigiosidad y potenciales reclamaciones patrimoniales de enorme cuantía".
SPAINDC ACTIVARÁ LAS VÍAS REGULATORIAS Y JURÍDICAS
La asociación ha considerado que la incorporación del Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) -el mecanismo al que el nuevo texto vincula la transición y que puede desembocar en un apagón- puede constituir una modificación sustancial respecto al proyecto sometido a audiencia y sobre el que se pronunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
"Si después del informe del regulador introduces una vía que puede terminar en un apagón y la conviertes en una pieza central del decreto, la CNMC debería poder pronunciarse sobre esa meva realidad", ha señalado Villacís.
SpainDC presentará observaciones y alegaciones adicionales, trasladará sus objeciones al Consejo de Estado y reclamará que la CNMC vuelva a informar sobre el nuevo texto.
Asimismo, la asociación analizará la cobertura jurídica de las nuevas obligaciones y promoverá la revisión del cumplimiento del procedimiento europeo TRIS, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535, incluida la eventual notificación a la Comisión Europea si resulta jurídicamente exigible.
"Vamos a utilizar todas las vías institucionales, regulatorias y jurídicas a nuestro alcance", ha defendido Díaz, para concluir que esta norma "es capaz de alterar inversiones comprometidas, afectar a permisos ya concedidos y cambiar la posición competitiva de España".
