MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas debatirá este martes, a propuesta de Podemos, si solicita una fiscalización especial sobre las ayudas dirigidas a reactivar la minería y también sobre la construcción de la residencia de mayores 'La Minería' en Felechosa, sobre la cual la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una investigación conocida como 'Operación Hulla'.
El presunto desvío de las subvenciones para construir en Asturias una residencia para trabajadores jubilados de la minería ya motivó que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Beatriz Fernandez, imputase al histórico líder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa.
Con sus iniciativas, registradas por el diputado asturiano Segundo González, la formación morada quiere que se analicen los sucesivos Planes de la Minería desde 1993 hasta el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018.
Asimismo, también reclaman la realización de un informe de fiscalización específico de la construcción de la 'Residencia de Mayores La Minería' en Felechosa, en el Ayuntamiento de Aller, en Asturias, acordado por la Mesa de la Minería y financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
DILUCIDAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Estas solicitudes de fiscalización ya fueron presentadas el pasado mes de julio en Oviedo, ya que la formación morada registró también una batería de preguntas en el parlamento regional, con el fin de dilucidar las posibles responsabilidades políticas que se puedan derivar del 'caso Hulla' y de la gestión irregular de fondos mineros.
En ellas solicitaron información pormenorizada sobre quiénes fueron los representantes del Principado a lo largo de los últimos once años en el Consejo Rector y en el Comité Permanente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, así como en cualquier comisión o subcomisión dependiente de dicho instituto, y en la Mesa Regional de la Minería.
También exigieron tener acceso a las actas de las distintas reuniones de esos órganos y los datos sobre las dietas percibidas entre 2006 y 2017 por los representantes de la Administración asturiana.
