Las patronales turísticas de Canarias ven "abuso de poder" en la decisión del Ministerio de Transición Ecológica
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
RIU Hotels & Resorts, cadena que gestiona el hotel Oliva Beach Resort en Corralejo (Fuerteventura), ha asegurado que recurrirá "a todas las vías legales" que estén a su alcance para evitar el derribo del establecimiento, ordenado por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado martes.
Esta decisión se producía tras resolver la 'caducidad' de la concesión del complejo, ubicado en suelo de dominio público marítimo-terrestre, por lo que se determinaba el 'levantamiento y retirada' de las instalaciones existentes en dominio público marítimo-terrestre en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura).
Desde fuentes de la hotelera mallorquina se indica a Europa Press que el dictamen del Consejo de Estado, en el que se basa el Ministerio para emitir su resolución, es "un informe no vinculante emitido por un órgano consultivo del Ministerio de Transición Ecológica".
Por ello desde Riu se insiste en que se van a seguir defendiendo sus "derechos e intereses legítimos" y los de sus trabajadores "hasta el final", recurriendo "a todas las vías legales" que estén a su alcance.
"Siempre nos queda el Estado de Derecho y confiamos en que se haga justicia en los tribunales", sentencian desde la compañía dirigida por la familia Riu, que ha estado apoyada en todo el proceso tanto por las patronales turísticas de Canarias como desde la propia presidencia de la Comunidad Autónoma.
USOS NO PREVISTOS.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declaraba el pasado martes la caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach y los apartamentos anexos al complejo, tras detectarse "incumplimientos reiterados" por parte de la empresa Geafond, titular de la concesión.
Así lo indicaba en un comunicado en el que aseguraba que, tal y como recoge el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero, "la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado".
El Ministerio aseguraba que no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares).
De esta manera, explicaba que en marzo de 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por incumplimiento de la normativa de Costas y de las condiciones de esa concesión. Entonces se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales.
La resolución se recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó ante la Audiencia Nacional, estando pendiente de resolución.
Para el Ministerio, los incumplimientos de la empresa se centran en la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos por el título concesional y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 m2) al uso público, lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión.
En la resolución de caducidad se establece la obligación de la mercantil concesionaria a retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a sus expensas, suspendiendo no obstante la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, hasta se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos.
ABUSO DE PODER.
La patronales turísticas de las islas Canarias han mostrado su rechazo por lo que consideran un "abuso de poder" por parte del Ministerio en este asunto.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han expresado su repulsa a la decisión del departamento ministerial por ser "arbitraria y escandalosa".
Además, los empresarios han indicado que esta decisión se produce en "abierta contradicción" con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la Comunidad Autónoma las competencias de gestión en materia de Costas, postura que comparte con el Gobierno regional, que entiende que el Ministerio ha invadido sus competencias.
La patronal recuerda del mismo modo que este ejercicio de abuso de poder tiene un impacto negativo directo para el interés general, dada la relevancia del Oliva Beach para la realidad socioeconómica del norte de Fuerteventura en general y de Corralejo en particular.
Las organizaciones recordaron la "indudable relevancia socioeconómica" de dicha instalación hotelera al tratarse de un complejo cuya media de ocupación supera el 80%, con 400 puestos de trabajo directos y una incidencia muy relevante sobre la actividad económica en el norte de la isla majorera.
También apuntaron que la seguridad para el empleo sería viable a través de un proceso de renovación de las instalaciones del hotel, posible de acuerdo con el contenido de la concesión administrativa, y que obtuvo autorización del Gobierno autonómico en mayo de 2023.
La reforma contempla una mejor integración del inmueble en su contexto físico, en las inmediaciones del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
Los empresarios del turismo han apoyado a la cadena Riu en todas las medidas y decisiones que con arreglo a la normativa le amparan, con independencia de las que pueda adoptar la Comunidad Autónoma en defensa del marco competencial fijado por el Estatuto de Autonomía de Canarias desde 2018.
"Creemos que se están invadiendo las competencias del Estatuto de Autonomía y que el Gobierno de Canarias es el competente. Nos parece desproporcionada la medida y lo que es más importante es que creemos que invade nuestra competencia", aseguraba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo esta misma semana.
