MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Santander Central Hispano afirmó hoy que la retribución de 43,7
millones de euros que percibió José María Amusátegui por su salida de
la presidencia de la entidad fue pactada en 1999 y aprobada por los
órganos competentes de la entidad, contando además con el visto bueno
de sus auditores externos, informaron a Europa Press en fuentes del
banco.
Asimismo, la entidad señaló que ha remitido al juzgado toda la
información requerida sobre esta cuestión, "de la cual se desprende
que todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la
más estricta legalidad".
"El banco ha remitido al juzgado toda la información y documentación
requerida sobre este asunto, de la cual se desprende que todas la
actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la más estricta
legalidad, habiéndose pactado el pago al señor Amusátegui de la
cantidad a que se refiere la noticia en 1999 y aprobado por los
órganos competentes de la entidad, contando con la verificación
positiva de sus auditores externos", informó el Santander.
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios citará, a instancias
del fiscal, al presidente de Santander Central Hispano (SCH), Emilio
Botín y al que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001,
José María Amusátegui, para tomarles declaración e informarles de la
querella admitida a trámite contra ellos por disponer presuntamente
de forma fraudulenta de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los
accionistas, para compensar a Amusátegui por su salida de la
dirección del banco.
Fuentes jurídicas informaron hoy que está previsto tomar declaración
a los directivos tras las fiestas navideñas. La citación se produce
en cumplimiento del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento
criminal, que señala que los querellados deben estar informados del
contenido de las acusaciones que se les atribuyen.
Cabe la posibilidad, según las mismas fuentes, que una vez en el
Juzgado, Botín y Amusátegui manifiesten que desconocen las
acusaciones y pidan tiempo a la titular del Juzgado Central de
Instrucción número 3 para conocer la causa y preparar su estrategia
de defensa.
La petición de citar a los banqueros fue realizada por el fiscal de
la Audiencia Nacional Jesús Caballero, tras recibir y estudiar un
informe remitido por el Banco de España sobre distintos aspectos del
Banco Santander.
En su auto de admisión a trámite de la querella, la juez había
solicitado al Registro Mercantil un certificado de los Estatutos del
SCH y de sus cuentas anuales, así como un informe de auditoría
correspondiente al ejercicio 2001 y del acuerdo de fusión entre el
Banco Santander y el Central Hispano Americano en 1999.
También ha sido remitido al juzgado el informe solicitado por la juez
a la Inspección del Banco de España sobre los hechos denunciados y la
certificación de las actas de la Junta General de Accionistas en que
se aprobaron las cuentas del ejercicio 2001, en el que presuntamente
se apartó el dinero para Amusátegui.
El texto de la querella, interpuesta por el abogado Francisco Franco
Otegui, accionista de SCH, señala que los 43,7 millones de euros
percibidos por Amusátegui figuraban en las cuentas anuales del SCH
correspondientes a 2001 en el subapartado "compromisos por pensiones
y otros seguros", por lo que este caso es similar al de los planes de
pensiones suscritos por los consejeros del Banco Bilbao Vizcaya que
son motivo de investigación por el juez Baltasar Garzón en el
denominado "caso BBV".
Según el querellante, en el momento de la fusión del Santader con el
Central Hispano se acordó un "periodo de copresidencia" entre Botín y
Amusátegui, y que este último debería jubilarse tras la junta general
ordinaria de 2002, tras cumplir los 70 años.
Sin embargo, "el ensamblaje entre las cúpulas directivas de los dos
bancos ha sido todo menos sencillo y pacífico" y, finalmente,
Amusátegui abandonó todos los órganos directivos del banco en agosto
de 2001.
El querellante señala que en las cuentas anuales del SCH de 2001, en
el subgrupo "compromisos por pensiones y otros seguros", figuraba una
nota que señalaba que el importe total -de 209 millones de euros- "no
incluye 43,75 millones de euros satisfechos con carácter
extraordinario y no recurrente", y luego se desveló que dicho apunte
correspondía a la indemnización por el cese del copresidente.
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17-Dic-2002 22:30:08
(EUROPA PRESS)
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