Según la Plataforma contra la Morosidad, las administraciones públicas pagan más tarde que el sector privado por primera vez desde 2014
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El plazo medio de pago del sector público alcanzó los 67 días en 2024, lo que supone 12 días más que el año anterior, superando por primera vez desde 2014 a los plazos del sector privado, que se redujeron en 6 días, hasta situarse en una media de 64 días.
Así lo recoge la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su 'Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024', donde señala que, tanto en el caso de las administraciones públicas como en el de las empresas, los registros sobrepasan los plazos medios de pago establecidos en la Ley 15/2010, que fija un máximo de 30 días para el sector público y un máximo de 60 días para las compañías.
Asimismo, el análisis recoge que un 52% de los encuestados asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar, seguida por la Administración Regional (28%) y por la Administración Central (20%).
Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 76% de la Administración Local, para el 78% de los proveedores de la Regional y para el 80% de los proveedores de la Central.
Ante estas cifras, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha reclamado "una solución inmediata" y ha insistido en que "los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan".
"En el momento actual, en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que esta empeore sus plazos de pago y deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado", ha añadido Cañete.
Según la plataforma, sus datos "distan" de la información que aportan las administraciones públicas sobre sus plazos de pago, que son "más optimistas" y "están próximos al plazo legal".
SECTOR PRIVADO: PAGOS A SUBCONTRATISTAS EN 88 DÍAS
En lo relativo a los plazos medios de pago del sector privado, que han supuesto el mejor dato de la serie histórica --iniciada en 2009-- al acercarse al plazo oficial de 60 días, el informe ha revelado que, para el 56% de los encuestados, el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).
Preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles dichas empresas, el 74% de los participantes declara que estas superan el plazo legal, mientras que el 33% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 41% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días).
De acuerdo con los encuestados, solo el 26% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. En lo que se refiere al pago a subcontratistas por parte de los contratistas principales, el estudio cifra la media de días en 88.
MÁS DE 80.000 MILLONES DE EUROS PENDIENTES POR PAGAR
La nueva edición del estudio ha constatado "una vez más" la permanencia de condiciones abusivas durante el año pasado, puesto que el 61% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por ley.
A esto se suma el "preocupante" dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 84% de los proveedores nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, y el 92% de los proveedores no exigió la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
En esta situación, para el 94% de los encuestados un régimen sancionador resulta "necesario".
Cañete ha resaltado que solamente las empresas cotizadas en España tienen más de 80.000 millones de euros en facturas por pagar, de acuerdo con demoras superiores a los 60 días de plazo, que es límite que marca Europa.
UN 74% DE LOS ESPAÑOLES NO CAMBIA SU EXPECTATIVA DE COBRO PARA 2025
Por otro lado, el estudio de la PMcM ha evidenciado que la ratio de morosidad, medida como el porcentaje de impagos respecto al total de facturación, se cifró en 2024 en el 5,2%, ligeramente superior al 5,1% de 2023.
Cañete ha asegurado que todo lo que esté por encima del 2,3% o 2,5% en un país en el tema de impagos "es un gran problema porque es destrucción de empresas".
Sobre cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 76% de los encuestados declara que sería pedir financiación, y un 16% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
De cara a 2025, un 74% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro no va a variar, un 12% piensa que mejorará y un 14% opina que se alargará. En palabras de Cañete, el año pasado era "bastante similar".