Unidos Podemos ve insuficiente el decreto de Maroto por no garantizar la permanencia de Alcoa

Los diputados de Unidos Podemos Segundo González, Yolanda Díaz y Rafa Mayoral
EN MAREA
Actualizado: viernes, 7 diciembre 2018 17:50

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos cree insuficiente el plan del Gobierno para proteger a la industria electrointensiva ante incrementos en el precio de la electricidad pues no garantiza la permanencia de Alcoa y otras plantas amenazadas ante un posible cierre.

"Con este decreto no se arregla el problema de Alcoa. Plantear un estatuto para las industrias electrointensivas en un plazo de seis meses es cerrar Alcoa y otras industrias que vendrán tras ella", ha afirmado la portavoz de Industria del grupo confederal, Yolanda Díaz.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, la diputada de En Marea ha instado al propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al que ha citado en la red social a actuar "ya desde la SEPI".

Díaz reaccionaba así al decreto ley aprobado por el Gobierno para disminuir los costes energéticos para la industria electrointensiva, que contempla también el impulso de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y la prórroga de la vida útil de instalaciones de cogeneración.

"NOS TOMAN EL PELO"

"Nos toman el pelo. Si en un mes no hay medidas, no va a quedar nada que salvar", ha replicado, por su parte, el diputado de Podemos Segundo González, que ha cuestionado, como su compañera, que el anunciado Estatuto pudiera evitar el desmantelamiento de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Por ello, González ha pedido directamente a la titular de Industria, Reyes Maroto, en otro mensaje en su cuenta de Twitter, que "rectifique" y "aplique el artículo 128.2 de la Constitución ya", tal y como ha venido exigiendo Unidos Podemos, con el fin de garantizar los puestos de trabajo y la actividad en las plantas.

Este artículo reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y reconoce a los poderes públicos la posibilidad de intervenir en empresas "cuando así lo exigiere el interés general".