Unión de Uniones avisa de la caída del 16,8% de las declaraciones del IRPF en actividad agraria

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha informado este miércoles de que las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la actividad agraria profesional correspondientes al 2023, último año disponible, cayeron un 16,8% respecto al año anterior, un dato del que resalta su "gravedad" y ante el que advierte: "El sector no va bien".

"Desde Unión de Uniones se remarca la gravedad de este dato, ya que la reducción constante de los declarantes que más dependen de la renta agraria para sus ingresos totales indica que el sector no va bien y no permite garantizar la rentabilidad económica de los agricultores y ganaderos", afirma en un comunicado.

La organización lamenta la tendencia de reducción de declaraciones con actividades agrícolas y ganaderas en los últimos años y destaca los valores negativos del 2023: es el año con mayor bajada de toda la serie de datos, con 45.352 declaraciones menos y un descenso del 4,82% respecto al 2022, y el primero en el que no se supera la cifra de 900.000.

Pero, sobre todo, señala que el dato "más preocupante" se observa en los datos desagregados, donde se encuentra "una reducción de aquellas declaraciones con mayor peso de la renta agraria sobre los ingresos totales, los tramos más profesionales".

En concreto, apunta que la renta media general (solo declarante principal) es de 30.418 euros, mientras que la renta agraria profesional se queda en un 54,7% inferior, en 14.084 euros.

Ante esto, Unión de Uniones muestra su "preocupación" tanto por esta diferencia como por "las nuevas cifras que se den en los próximos años, arrastrando el impacto de los conflictos internacionales", y considera que los datos "ahuyentan" el relevo generacional en el sector. "Mientras el campo no sea rentable, seguirá envejecido y en declive", advierten desde Unión de Uniones.

Aun así, la entidad considera que se puede "revertir" la situación, pero solo si hay "voluntad política para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria", si no se fomentan acuerdos comerciales que provoquen "competencia desleal" y si se invierte en servicios públicos y digitalización en el medio rural.