MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha destacado el bajo grado de ejecución de los últimos años, la disminución del peso de agricultura y la ganadería respecto a otros capítulos y la escasa fiabilidad que representan, según ha informado en un comunicado.
En concreto, la organización agraria señala que Agricultura estaría renunciando a políticas propias dejando la agricultura española en manos de Europa, ya que el 80% de lo presupuestado proviene de fondos europeos.
Además, resalta el bajo nivel de cumplimiento de los presupuestos del Gobierno, que en 2015 dejaron sin gastar 2.983 millones de euros; en 2016, 1.138 millones y en 2017, otros 1.287 millones de euros, lo que supone una media de 1.800 millones de euros en cada ejercicio.
En el detalle presupuestario, Unión de Uniones destaca la desaparición para 2018 de la partida de cerca de cuatro millones de euros que iba destinada a la ayuda nacional a los frutos secos, debiéndose además a los agricultores casi ocho millones de 2016 y 2017, que no se han pagado.
Unión de Uniones considera también que el proyecto de presupuestos, en cuanto a seguros agrarios, no recoge el mandato claro al Gobierno establecido en la Ley 1/2018 de sequía al Gobierno, para que se contemple una partida acorde al aumento de las contrataciones, que es previsible como consecuencia de la grave sequía de 2017.
El representante de la organización agraria, José Manuel de las Heras, ha señalado que la "agricultura y ganadería pierden cada vez más peso en los presupuestos del Estado". "No sólo es insuficiente, sino que, además, en buena parte son mera apariencia y no se cumplen, sobre todo cuando no son recursos de Bruselas, sino que es el Estado el que tiene poner el dinero en sanidad, seguros y apoyo a los sectores", ha señalado.
Por otro lado, Unión de Uniones ha destacaco que la Ley de Presupuestos incluye la consolidación normativa de la discriminación que sufren los agricultores y ganaderos en la valoración de las construcciones que son "indispensables para su trabajo", como almacenes o naves, al someterles a la misma valoración y por lo tanto al mismo trato fiscal que a naves industriales, sin tener en cuenta el valor socioeconómico de rendimiento.
"Los agricultores y ganaderos estamos dispuestos a pagar el IBI con criterios justos y equitativos, como todos. Pero no se puede, por ley, mantener una discriminación que llevamos denunciando desde hace tiempo y que está basada en criterios, a nuestro juicio, equivocados", ha subrayado el miembro de la ejecutiva, Joan Caball.
