SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, contestó este miércoles con una nueva carta a la remitida por la Xunta. En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, explicita los puntos en discordia sobre la Ley de Cajas, y reclama "hechos" que "acompañen de verdad" la voluntad del Gobierno gallego de buscar un acuerdo, que pasa por la modificación de los cinco puntos todavía a debate.
Zarrías analiza los cinco preceptos sobre los que no hay consenso y ofrece la alternativa del Ejecutivo central. Asimismo reprocha, en una misiva de tres folios y escrita en gallego, el "inmovilismo" y la "actitud poco generosa, en el límite de lo permitido, nunca en el marco de lo deseable" manifestada por la Xunta en los seis puntos para los que sí se logró un acuerdo.
El representante del Estado insiste en el texto en que la voluntad del Ejecutivo central de alcanzar un consenso "fue total y absoluta" y subrayó que el conflicto se trata "única y exclusivamente" de una "discrepancia jurídica". "Desde el primer día advertí de que nadie intentase confundir el debate y hacer del mismo una controversia política. Creo sinceramente que quien insiste en llevarlo al terreno político está poniendo en evidencia que no tiene argumentos jurídicos", afirma.
Así, el interlocutor del Estado en el conflicto abierto sobre la Ley de Cajas gallega, dice al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, --a quien remite la carta-- que necesita que los hechos y las propuestas gallegas "acompañen de verdad a esa voluntad manifestada" de llegar a un acuerdo, para el que cree que "hay margen". No obstante, avisa de que si la pretensión de la Xunta es defender la constitucionalidad de la ley recurrida "el foro es el equivocado, pues ése no es otro que el Tribunal Constitucional".
"Si se quiere la retirada del recurso --prosigue-- será imprescindible, en el marco negociador que estamos desarrollando, superar los obstáculos que lo causan". Zarrías reclama al Gobierno gallego que formule propuestas "que modifiquen la redacción" de los preceptos cuestionados y "no encubrir la inmovilidad en fáciles y simples afirmaciones victimistas", que, considera, ponen de manifiesto la "falta de argumentos y capacidad negociadora".
Zarrías reitera en este punto en que el Estado sigue "dispuesto a encontrar un acuerdo", pero advierte de que "si no hay modificación" de postura, "carece de sentido" volver a convocar una reunión para repetir los argumentos intercambiados en las cuatro ya celebradas. "Es tiempo de la precisión y reflejo por escrito de la modulación de lo hablado para proceder, en su caso, al acuerdo", señala y pasa a desgranar uno a uno los que insiste en calificar de "tímidos y tenues avances" de la última propuesta gallega.
PUNTOS EN CONFLICTO
En relación con el artículo 15, referido a las situaciones de déficit patrimonial, indica que la Xunta ofrece añadir "previa autorización de los órganos competentes de acuerdo con la normativa vigente". "Sigue resultando controvertido", afirma, pues interpreta que "persigue a toda costa introducir la autorización previa autonómica" y propone, en cambio, que la redacción se remita únicamente a "cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado", sin añadir posteriormente la necesidad del visto bueno de ninguna administración. Esta redacción "resolvería el conflicto".
En el artículo 37, en lo referido a la representación de los grupos en el consejo de administración, "se mantiene la cuestión controvertida de que sólo el Parlamento puede tener más de un representante", de modo que "desnaturaliza" el texto anterior remitido por la Xunta, que habla de que los grupos deben tener la misma proporción que en la asamblea, analiza el secretario de Estado.
Además, considera que "no se altera" la posición en los otros preceptos "sin aclararse la mayoría para la fusión en el régimen de acuerdos de la asamblea". En este punto, la Xunta defiende que no es el artículo 32 --objeto de recurso-- el que regula las mayorías necesarias para aprobar este tipo de fusiones, reguladas en el 52, que se mantiene desde 1985. El Gobierno central, por su parte, insiste en que la ley gallega introduzca aquí la misma redacción que la Lorca, "contemplándose expresamente la mayoría cualificada".
OBRA SOCIAL
"El alcance en las autorizaciones de las dotaciones de obras sociales debe aclararse" para atender "las exigencias de la seguridad jurídica", continúa la carta. El Gobierno gallego propone en este punto un acuerdo interpretativo, pues el propio título del precepto se refiere a la obra social. En este sentido, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, aclaró que, de hecho, el de la obra social es el único presupuesto que tiene una caja, que denomina cuentas a sus números anuales.
Por último, Zarrías se refiere a la disposición transitoria primera, sobre la renovación de las cúpulas. "La realización de una renovación total de los consejeros sin respetar que ésta sea parcial no se resuelve sólo con la supresión del término totalidad, es necesario que el contenido del precepto responda a esa renovación parcial, correspondiendo a la Xunta fijar ese criterio de parcialidad", argumenta, sin hacer mención a una posible adaptación a la ley andaluza, como venía defendiendo en los últimos días.
MARGEN PARA EL ACUERDO
La carta del responsable de Cooperación Territorial replica a Rueda que la Xunta ya tiene en su poder el dictamen del Consejo de Estado, el texto del recurso y un resumen del Ministerio de Política Territorial sobre la marcha de las negociaciones. "¿Qué otro documento quieres o necesitas?", inquiere a Rueda, al que le asegura que "desde el primer día" abrió las puertas al diálogo y canceló otras citas "atendiendo a la delegación de la Xunta de manera inmediata".
"Frente a esto nos encontramos con el inmovilismo de la Xunta", recriminó tras lo que volvió a recordar, como en su anterior misiva, que en el caso de la ley de cajas madrileña, la comunidad "procedió a modificar las diferencias señaladas" y el Gobierno retiró después el recurso.
"Tenemos margen para alcanzar el acuerdo si ése es vuestro deseo, tal y como habéis manifestado", afirma Zarrías para condicionar de nuevo el pacto a una modificación del texto gallego. En la búsqueda de soluciones, destaca, "no se trata ni de que unos ganen ni de que otros pierdan", sino de "única y exclusivamente, ajustar el texto a la legalidad". Además, asegura que el deseo del Gobierno central "no es otro" que Galicia tenga la ley "que quiera aprobar su Parlamento".
La misiva concluye pidiendo a la Xunta que modifique el texto legislativo "en la misma dirección" que lo que demanda y manifestando Zarrías que queda a la espera de la "propuesta de modificación de la ley".
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