MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quiere que el Gobierno revise otras adjudicaciones y certificaciones emitidas por el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif por si se hubieran producido irregularidades en proyectos diferentes al del AVE Madrid-Barcelona, y también le pide que depure las posibles responsabilidades en que hubieran podido incurrir sus directivos.
Así lo recoge en una pregunta parlamentaria que la formación magenta ha registrado este lunes, cuando se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha enviado a la policía judicial a las dependencias de Adif en La Sagrera (Barcelona) y Madrid en busca de documentación sobre la construcción de la línea de alta velocidad entre la capital y la Ciudad Condal.
En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la líder de la formación magenta pregunta al Gobierno si "piensa revisar otras adjudicaciones y contratos públicos certificados por Adif por si pudieran ser constitutivos de delitos de malversación de fondos públicos o falsedad documental" y si tiene intención de "iniciar una investigación para depurar posibles responsabilidades" en relación con este presunto caso de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. "¿Cómo se ha tenido constancia de este presunto delito de malversación?", añade la diputada vasca.
REGISTRO DESDE PRIMERA HORA DE LA MAÑANA
A primera hora de la mañana, la Guardia Civil se ha personado en la sede central de Adif en Madrid y en las oficinas que el gestor ferroviario tiene en Barcelona para requisar documentación relativa a un presunto delito de malversación de fondos públicos en una obra del AVE en Cataluña. Además, también se han practicado registros en las oficinas de la consultora técnica que asiste en la dirección de obra, así como en los domicilios particulares de los cinco principales implicados.
Según fuentes de la investigación, la operación, que se mantiene abierta y bajo secreto de sumario, va dirigida contra funcionarios y técnicos externos en la gestión de una obra de plataforma del AVE en Cataluña que se habría adjudicado en febrero de 2008 --con Magdalena Álvarez al frente del Ministerio de Fomento-- y habría concluido en noviembre de 2011 --ya con José Blanco como titular del departamento--.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que estos funcionarios y técnicos podrían haber recibido dinero de la contratista de la obra, Corsán, a cambio de "beneficiar económicamente" a la empresa "en perjuicio de los fondos públicos gestionados" por Adif, incurriendo así presuntamente en los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros.
En concreto, los investigadores creen que los funcionarios y los trabajadores de la empresa, de común acuerdo, alteraron "repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en la obra, falseando las ulteriores certificaciones oficiales de obra ejecutada y camuflado sus ardides en la certificación final, moviendo cifras entre las diferentes partidas a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los realmente efectuados".
Así, los agentes buscan pruebas de los "artificios (utilizados) para falsear las mediciones y disimular después el falseamiento", así como diversa documentación oficial o que pueda revelar cobros de los funcionarios de Adif. Según los cálculos de Anticorrupción, los implicados podrían haber generado un sobreprecio en favor del contratista de unos 6 millones de euros, y cree que "la propia adjudicación de la obra (a Corsán) pudiera haber presentado irregularidades", según un comunicado de la Fiscalía.
De hecho, ya se han producido nueve detenciones. En concreto, los detenidos serían el gerente de Infraestructuras de Adif, el jefe de las obras en torno a la nueva estación barcelonesa de La Sagrera y varios trabajadores de la empresa pública y de Corsán, según afirma UPyD en su pregunta.
MÁS DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se originó a partir de la denuncia que una empresa competidora de Corsán hizo ante los fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo sobre unas presuntas irregularidades en las obras; entre otras, movimientos de tierra que, por su volumen, no se pudieron haber hecho en un mismo día como figuraba en la documentación.
Así, tras ocho meses de investigación, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona presentó el pasado mes de enero una querella que ahora instruye el Juzgado número 9 de la Ciudad Condal, con el que Adif lleva colaborando desde junio del año pasado, según ha asegurado el ente público.
