MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las compañías eléctricas han recurrido por separado ante la Audiencia Nacional la orden ministerial en la que se les detrae de su retribución los derechos de emisión de dióxido de carbono, indicaron fuentes del sector a Europa Press.
Mientras las compañías presentan de forma individual sus reclamaciones ante la Audiencia, la patronal eléctrica, Unesa, actúa en otro frente y mantiene abiertas a nivel sectorial las reclamaciones del sector ante Bruselas.
El diario 'Cinco Días' adelanta hoy que las principales eléctricas han apurado el plazo de dos meses, que terminaba el 15 de enero, para iniciar un contencioso administrativo contra la norma, a la que consideran expropiatoria.
En el proceso, Endesa e Iberdrola han llegado a pedir la suspensión parcial del decreto, que les obliga a minorar de sus resultados de 2006 sendas partidas de 406 y 319 millones de euros. Unión Fenosa, HC Energía y Gas Natural deberán descontar entre las tres unos 285 millones.
El Ministerio de Industria presentó un real decreto, aprobado en diciembre por el Congreso, en el que amplía a 2012 la detracción a las eléctricas de los derechos de emisión que se les había concedido de forma gratuita.
El departamento de Joan Clos justifica esta medida sobre la base de que la asignación gratuita de los mismos no hacía sino redundar en subidas de precios. Para aplicarla, prepara una orden ministerial que fija en 1.130 millones la minoración correspondiente a 2006, y en unos 100 millones la de 2007.
El real decreto tiene como objetivo aliviar el déficit de tarifa --diferencia entre el coste reconocido de la electricidad y los ingresos de la actividad regulada--, cuya cuantía podría aumentar en 2008 a 4.600 millones si no se recuperara la asignación de CO2.
El sector eléctrico quiere que la orden ministerial que desarrolle el real decreto incluya un precio de referencia de la electricidad por encima del cual se pueda aplicar la detracción del CO2 a las eléctricas y calcular cuánto tiene que devolver cada compañía.
Las eléctricas pueden presentar un procedimiento contencioso-administrativo contra la orden ministerial, pero no contra el real decreto ya aprobado, ante el que sólo cabe la posibilidad de acudir a Bruselas o encontrar algún grupo político dispuesto a cuestionar su constitucionalidad.
Para evaluar sus opciones, Unesa contrató los servicios de los abogados de Uría Menéndez, que trabajan en la elaboración de los escenarios posibles tanto a nivel europeo como nacional.
El sector confía en que el real decreto se tramite en la próxima legislatura como proyecto ley y con ello contemple enmiendas, aunque advierte de que sus exigencias son de tal magnitud que pondrían incluso en evidencia la esencia de la norma. El decreto fue convalidado en diciembre por el Pleno del Congreso de los Diputados con la abstención de PP, CiU y PNV.
