Asegura que ya no tenía "relación personal" con su hijo y que tenía "permiso previo" de la Junta para los gastos del cortejo real de 2009
SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes el juicio sobre la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación protagonizados por su exgerente Ana María Orihuela, su hijo, un sobrino y dos acusados más; pues Orihuela habría contratado supuestamente "servicios con familiares y amigos faltando a los más elementales deberes legales" y eludiendo las reglas de contratación.
La sesión ha contado especialmente con la comparecencia como acusada de Ana María Orihuela, concejal del Ayuntamiento de Almonte designada allá "en 2005 o 2006" como gerente del citado consorcio público Formades, según ha rememorado ella misma.
Mientras la Fiscalía considera que si bien "el Consorcio necesitaba sostener unos gastos de funcionamiento como gastos generales, que debían ser justificados en atención a criterios de proporcionalidad", pero ella "comenzó a contratar dichos servicios con familiares y amigos, faltando a los más elementales deberes legales y soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones", Orihuela ha defendido que desde el consorcio promovió la confección de los correspondientes pliegos de licitación, pero los mismos nunca fueron aprobados por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.
"Los pliegos no salían", ha insistido varias veces atribuyendo tal extremo a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo, asegurando que mientras ella tenía que avanzar en la gestión del consorcio, desde dicho departamento autonómico le pedían que "esperase" y por eso no contaba con los pliegos destinados a licitar los servicios. "Yo tenía que trabajar con facturas", ha agregado en ese mismo sentido.
LA CONTRATACIÓN DE SU HIJO
En ese marco, ha asegurado que "jamás" ordenó la contratación de su hijo y también acusado en la causa, Juan Manuel Orihuela, alegando que su vástago, contratado sin licitación según la Fiscalía, estaba "prorrogado" por contrataciones previas en los servicios de mantenimiento porque "no salían" los pliegos destinados a la licitación de tales trabajos.
Es más, ha manifestado que ya entonces su hijo y ella no residían juntos e incluso no tenía "ninguna relación con él" porque había "un problema" entre ambos. "Y yo me lo creo", le ha replicado entre otros aspectos el fiscal encargado del caso, Fernando Soto.
Según la Fiscalía, el hijo de Orihuela fue contratado "directamente" para labores de mantenimiento, sin licitación, recibiendo en total 452.895,82 euros de las subvenciones recibidas por el Consorcio por tareas que "no pueden concretarse ni acreditarse" y mediando algunas facturas "duplicadas".
SU SOBRINO Y LA CABALGATA
En el caso de las contrataciones en favor de Cristóbal Ojeda Orihuela, sobrino de esta mujer y también acusado en el juicio, ha negado que sus funciones de vigilancia fueran duplicadas respecto al contrato con la empresa Esabe, porque esta otra sólo habría sido contratada para momentos "puntuales", alegando que nunca dio "ni un paso" sin la autorización de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.
En cuanto a los 6.555 euros de los fondos del consorcio que habrían sido destinados a "regalos y caramelos para la Cabalgata de Reyes" de Almonte de 2009, en la que ella encarnaba al rey Melchor, Orihuela ha manifestado que a la entidad le fue solicitada una "aportación" para el citado cortejo real y que todo fue realizado "previo permiso de la Dirección General" de Formación, entonces ostentada por María José Lara. "Yo pedí permiso", ha aseverado, desvinculando esos gastos del hecho de que ella ejerciese como rey Melchor en la Cabalgata.
