MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, considera que el Gobierno "ha violado la legislación española e incumplido sus compromisos" en materia de inmigración al deportar en grupo a las más de 70 personas que se encontraban en Isla de Tierra, por lo que la organización estudia denunciar el caso ante los organismos internacionales.
En declaraciones a Europa Press, Galán ha explicado que con la expulsión a Marruecos de estas 73 personas que habían llegado en los últimos días al citado islote español situado a escasos metros de la costa alauí, "no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería --que prohíbe las expulsiones colectivas--, ni se ha permitido que posibles solicitantes de asilo puedan hacer su solicitud".
"No puede ser que con el fin de evitar el supuesto efecto llamada y el freno a las mafias se violen los derechos humanos de las personas migrantes", ha apuntado Galán, para incidir en que Marruecos "hoy por hoy es un país donde no se garantizan los Derechos Humanos y no es, por tanto, un lugar seguro para poder hacer una devolución de personas que puedan proceder de lugares donde no haya garantías".
En este sentido, Galán, basándose en la experiencia de CEAR con personas deportadas a Marruecos, ha afirmado que si los expulsados desde Isla de Tierra siguen "el mismo destino" que otros en su situación, "se les dejará en la frontera con Argelia, donde los subsaharianos son bastante vulnerables porque hay mucha susceptibilidad contra ellos".
"Vamos a intentar localizarles y entrar en contacto con ellos. Queremos tener la certeza de qué ha pasado con esas personas y estamos en proceso de valoración para ponernos en manos de organismos internacionales de derechos humanos y ver si se puede condenar esta situación", ha concretado.
A juicio de la entidad, esto sería factible, ya que según explica Galán, los convenios internacionales como el de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos que el Ejecutivo esgrime en este caso, "no pueden estar por encima de las leyes españolas" que, sobre las expulsiones, define que deben ser individuales y con una serie de garantías.
