Colectivos denuncian que los requisitos para la renta de garantía de ingresos "buscan expulsar a los inmigrantes"

BILBAO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales de Vizcaya han denunciado este martes que el nuevo acuerdo alcanzado entre el PSE y el PP para endurecer los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda "busca expulsar del sistema a los inmigrantes, especialmente los que se encuentran en situación irregular".

En un acto frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao, diferentes colectivos sociales como SOS Racismo o Harresiak Apurtuz han denunciado el nuevo pacto, que eleva de uno a tres años el empadronamiento exigido en el País Vasco para acceder a prestaciones sociales, siempre y cuando no se acrediten cinco años de cotización a la Seguridad Social.

El acuerdo permitirá también retirar la renta de garantía de ingresos a quien rechace una sola oferta laboral "razonable" -antes eran tres-, y se obligará a los perceptores de ayudas a realizar "trabajos en beneficio de la comunidad", como retirar nieve en temporales o colaborar en inundaciones.

A este respecto, los colectivos sociales reunidos en Bilbao han denunciado que "resulta imposible que los inmigrantes en situación irregular puedan acreditar esos cinco años de cotización a la seguridad social, aunque lleven más años trabajando en el País Vasco".

Para ellos, este nuevo pacto "trata de expulsar del sistema a cada vez más gente, porque no se puede exigir un documento que no pueden conseguir como requisito para acceder a las ayudas".

Sin embargo, en opinión de estos colectivos, las personas autóctonas "también se van a ver afectadas, porque si han estado trabajando tiempo en el extranjero, al volver no van a poder acreditar tres años de empadronamiento y quedarán también fuera del sistema".

Asimismo, han explicado que el Gobierno vasco "justifica" este nuevo endurecimiento de requisitos "bajo el pretexto de evitar el fraude, cuando en realidad favorecerá que muchas personas que se queden fuera de las prestaciones traten de acceder a trabajos irregulares, lo que favorecerá la precarización del empleo".

Sobre la imposibilidad de rechazar una oferta de trabajo, los colectivos han indicado que "hay mucha gente con una edad cercana a la jubilación a las que se le ofrecerá un tipo de trabajo que no podrán realizar, lo que les dejará también fuera de las ayudas".

"ACUERDO SIN CONSENSO"

Por otro lado, han recordado que los requisitos que existían hasta ahora "se lograron con el consenso de fuerzas políticas y sociales, algo que fue valorado de forma muy positiva incluso por Gemma Zabaleta".

En este sentido, han explicado que la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno vasco "ha sido una de las principales defensoras del actual modelo, pero ahora se pliega a las exigencias del PP, sabiendo que estas medidas significan un paso atrás y una forma de dividir a la sociedad".