Actualizado 27/05/2010 10:15 CET

El "derecho a la justicia" de las víctimas del franquismo es la "asignatura pendiente" de España

La limitación del principio de jurisdicción universal es un retroceso en el ámbito de los Derechos Humanos, según AI

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Amnistía Internacional (AI) afirmó este miércoles que "el derecho a la justicia y a la reparación" de las víctimas sigue siendo una "asignatura pendiente en España" por la falta de avances en la investigación de los casos de desapariciones forzadas que se produjeron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, dijo durante la presentación del Informe 2010 de la organización sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo que durante el año pasado España "perdió liderazgo mundial en el ámbito de los Derechos Humanos" debido a que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el tema de las fosas comunes y a la limitación del principio de justicia universal.

A su juicio, "para pasar página, primero hay que leerla". Beltrán recordó que el pasado mes de septiembre España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en la legislación española.

En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desaparición forzada de la época de la Guerra Civil y los años posteriores, así que remitió los 114.266 presuntos casos de desaparición forzada a los 43 juzgados de instrucción de las localidades donde se habían encontrado las fosas comunes.

Posteriormente, trece juzgados clasificaron los casos como delitos comunes y archivaron las investigaciones con el argumento de que éstos habían prescrito. Sólo tres juzgados locales clasificaron los casos como delitos de Derecho Internacional, que nunca prescriben.

INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL

El 11 de marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley por el que se pedía al Gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco.

Amnistía señaló que "esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos".

Además, añadió, la propia ley de 2007 "distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos".

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito en el Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, indicó por su parte que a partir del 1 de abril de 1939 se estableció en España una "maquinaria de exterminio" mediante la cual se llevaron a cabo más de 100.000 ejecuciones dictadas en consejos de guerra.

Asimismo, Martín aseguró que los vencedores de la guerra expoliaron bienes a los vencidos y los desaparecidos, aunque se hayan denunciado algo más de 114.000 casos, en realidad "podrían llegar a ser 150.000".

En su opinión, "un país no puede pasar por encima de esto". "Esto tiene que tener una salida, una salida que es judicialmente factible", subrayó Martín, que defendió la actuación del juez Baltasar Garzón al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Para el magistrado, la pretensión de Garzón de investigar el delito de rebelión militar que cometieron los golpistas, las desapariciones forzadas y los casos de los 30.000 niños que fueron sustraídos a sus familias y entregados a otras "está dentro de la más absoluta legalidad".

Martín afirmó que la Ley de Amnistía "que se esgrime" para que no se esclarezcan esos hechos sólo se puede aplicar durante el desarrollo de un proceso penal, no antes de que se abra, y añadió que si en España se hallan "cadáveres con signos evidentes de violencia", el juez de la localidad donde se encuentran debe abrir un proceso de identificación, independientemente de la Ley de Memoria Histórica.

LIMITACIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Otro hecho que critica Amnistía en su informe es la limitación de la jurisdicción universal, que fue aprobada el pasado octubre por el Parlamento y que implicaba que se podrían archivar trece casos que se estaban investigando en España.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo lamentó que la jurisdicción universal, una "conquista histórica" que permite juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en todo el mundo, haya sido "cercenada de forma muy significativa" en España.

A su entender, "la cultura de los Derechos Humanos pertenece a todos los países" y, por lo tanto, "un juez español no puede ser ajeno" a las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en otras partes del mundo.

La reforma que se hizo en octubre circunscribe la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en que las víctimas fueran españolas o tuvieran "algún vínculo de conexión relevante" con España y en los que el presunto perpetrador estuviera en España y siempre que no se hubiera iniciado una investigación o una persecución efectiva en otro país o ante un tribunal internacional.

Pero Martín consideró que la referencia a los vínculos de conexión relevante con España que debe tener el caso abre la posibilidad de que los jueces españoles investiguen ciertos crímenes cometidos en países de Latinoamérica y de la Unión Europea.

RACISMO Y DERECHOS DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS

Uno de los problemas que identifica AI en la parte de su informe que hace referencia a España es la falta de aplicación de una estrategia integral para combatir el racismo a nivel nacional y el hecho de que sea uno de los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo.

En cuanto a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, AI cita informes de ONG de toda España que el año pasado registraron un incremento de los controles policiales de identidad por motivos raciales.

Además, la organización de Derechos Humanos destacó que España sigue teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la UE. La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, contiene algunos puntos negativos, según AI, pero también modificaciones positivas, como que se pueda conceder asilo a personas perseguidas por motivos de género u orientación sexual. Criticó igualmente que se haya elevado de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes indocumentados.

TORTURAS

AI concluye en su estudio que en 2009 continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley --230, según la Fiscalía General del Estado--, pero añade que, por ejemplo, en las comisarías de los Mossos d'Esquadra donde se han instalado cámaras de vigilancia, este tipo de denuncias son mucho menos numerosas.

Asimismo, la organización señaló que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que éstas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

El informe menciona además las violaciones de los Derechos Humanos que suponen los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y la insuficiente respuesta institucional a otras formas de violencia de género como la trata de mujeres para su explotación sexual.

Por último, alerta sobre el trato que reciben algunos niños y niñas en centros de protección de menores donde el personal les somete a un uso excesivo de la fuerza, medicación forzada, abusos psicológicos y físicos y abandono.