MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Distintos expertos y representantes de ONG y entidades de acción social especializadas han coincidido este jueves en la necesidad de intensificar la protección de los menores con algún tipo de discapacidad que viven en España, fomentar su participación, luchar contra la violencia infantil y garantizar un acceso inclusivo y un profesorado especializado.
Así lo han señalado en la jornada 'Menores con Discapacidad, ¿Menores derechos?', organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, en el que han participado, entre otros, la vicepresidenta del CERMI, Mª Luz Sanz; la directora técnica de FIAPAS, Carmen Jáudenes; el subdirector general de Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Félix Barajas y el Defensor del Menor, Arturo Canalda.
En esta línea, la representante del CERMI ha incidido en que las necesidades de las familias en las que hay niños con discapacidad "deben ser tenidas en cuenta" para desarrollar cualquier legislación y ha llamado la atención sobre la necesidad de una educación inclusiva y de una atención temprana para que estas personas dejen de ser dependientes.
Por su parte, Barajas ha asegurado que "los menores gozarán de los derechos que les concede la Constitución, sin discriminación alguna" y ha destacado que el Gobierno ya está trabajando en el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (PENIA), que permitirá la atención transversal de los niños en riesgo, con discapacidad y en situación de exclusión.
Según el sociólogo y director de Intersocial, Agustin Huete, que también ha ofrecido ponencia en la jornada, en España hay unos 170.000 menores de 0 a 5 años con discapacidad, y ha destacado que si bien ha aumentado la detección y prevención de malformaciones congénitas, las cardiopatías están creciendo. Asimismo, ha incidido en el "llamativo" descenso del síndrome de Down desde 1980: "Es un descenso lineal, y, si se mantiene, en 2040, no nacerían niños con síndrome de Down", ha asegurado.
Para la responsable de FIAPAS, "la regulación y la universalización de la atención temprana es el termómetro de la madurez de las políticas sociales que desarrolla un país", ya que se trata de "una cuestión de derechos" y, para darle respuesta, "hacen falta cambios estructurales, así como una mayor coordinación para los apoyos, prestaciones y servicios".
Jáudenes ha alertado sobre la "falta de dotación de recursos de apoyo y coordinación profesional" y ha denunciado que "sólo la mitad de los alumnos con discapacidad pasan de Primaria a Secundaria; aproximadamente, el 2% del alumnado con discapacidad llega a la FP; el 1% al Bachillerato; y el 3% de estudiantes con discapacidad cursan estudios superiores".
