HRW denuncia que el Gobierno de Ruanda impone la cadena perpetua en aislamiento a sospechosos de genocidio

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ruanda debe honrar sus obligaciones internacionales promulgando una legislación en la que se derogue la cadena perpetua en aislamiento, según declaró hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) en una misiva dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

El pasado mes de diciembre, el Parlamento ruandés prohibió este castigo para los sospechosos de genocidio transferidos desde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) o extraditados desde otros países y encontrados culpables por tribunales del país. Sin embargo, la pena permanece para otras personas juzgadas y condenadas por delitos relacionados con el genocidio en Ruanda.

En su carta, HRW subrayó sus preocupaciones sobre esta legislación y pidió al Parlamento que prohíba estas condenas. "El aislamiento prolongado es un tratamiento cruel e inhumano", declaró la consejera para la división de África de la organización, Alison Des Forges. "El Parlamento necesita prohibir esta pena para cumplir con sus obligaciones internacionales y mostrar un compromiso real con los Derechos Humanos", añadió.

La reciente legislación es parte del esfuerzo de Ruanda para juzgar a los ruandeses sospechosos de haber estado implicados en el genocidio que asoló el país en 1994. Hasta ahora, sus esfuerzos para juzgar a los sospechosos en Ruanda no han tenido éxito. El TPIR, situado en Tanzania, denegó transferir cinco de los casos este año, y Francia la negó en otros tres.

"La decisión de Ruanda de eliminar el aislamiento penal sólo para los sospechosos trasladados de otras jurisdicciones, incluidos los que han desempeñado un papel fundamental en el genocidio de 1994, también da a los ruandeses la impresión de que se aplican diferentes leyes a diferentes personas", manifestó Des Forges.

Ruanda aprobó una ley en 2007 en la que se excluía la pena de muerte para los sospechosos trasladados desde el TPIR a los tribunales ruandeses. En julio de ese año, se adoptó la legislación que derogaba definitivamente la pena capital. Sin embargo, la ley sustituía este castigo con la pena capital en aislamiento solitario en algunos casos, una sentencia que no puede ser revisada ni conmutada durante un período de al menos 20 años.

El Tribunal Supremo de Ruanda declaró en agosto de 2008 esta pena constitucional, y el Gobierno anunció planes para dar instrucciones sobre cómo debe implementarse este castigo, pero aún no lo ha hecho, según HRW.

Esta pena también impide la transferencia de casos desde el TPIR a Ruanda, a pesar de que este Gobierno asegura que los sospechosos que sean trasladados no serán castigados con la cadena perpetua en aislamiento si son condenados por tribunales ruandeses. El TPIR ha mostrado igualmente su preocupación sobre si los sospechosos podrán asegurar testigos que testifiquen en su defensa para poder tener un juicio justo, añade HRW.

Esta pena viola la Convención contra la Tortura y otros Tratamientos Crueles, Degradantes e Inhumanos, así como el artículo 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, entre otras convenciones o tratados. "La nueva ley envía un mensaje equivocado tanto a los ruandeses como a la comunidad internacional", aseguró Des Forges. "Sugiere que el país está más preocupado en asegurarse el traslado de los casos que en respetar los derechos de todos sus ciudadanos", añadió.

IMPUESTA POR LOS TRIBUNALES 'GACACA'

La cadena perpetua en aislamiento puede ser impuesta tanto por los tribunales normales de Ruanda como por los tribunales 'gacaca' --erigidos en 2001, inspirados en la tradición y parte de un sistema judicial de transición, para dar una respuesta a los crímenes contra la Humanidad y cuyo objetivo es conseguir "la verdad, la justicia y la reconciliación"--.

En mayo de 2008, la Asamblea Legislativa de Ruanda trasladó la mayor parte de los casos de genocidio a los tribunales 'gacaca' y solicita la pena obligatoria de cadena perpetua en aislamiento para los casos en los que un sospechoso es condenado y no ha confesado anteriormente ni se ha declarado culpable, concluye HRW.