Las ONG expulsadas de Sudán acusan al Gobierno de intentar extorsionarles 11,5 millones de dólares

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El personal de algunas de las ONG expulsadas de Sudán el mes pasado ha acusado al Gobierno de "extorsionarles" grandes sumas de dinero, hasta 11,5 millones de dólares, una acusación de la que se defiende Jartum asegurando que aquellos que no pagan lo que denomina como "compensación" pueden ser encarcelados.

"Nos pidieron que pagáramos una exorbitante cantidad de dinero (...), y nos dijeron. 'Tenemos vuestros pasaportes, una vez que accedáis a pagar, podéis dejar el país'", aseguró la directora para Sudán de la sección francesa de Médicos Sin Fronteras (MSF), Jane Coyne, una de las trece ONG a las que se ordenó abandonar el país por un presunto traspaso de información al Tribunal Penal Internacional (TPI).

El TPI emitió el pasado 4 de marzo una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad en la región sudanesa de Darfur. El 19 de marzo, el Ministerio de Trabajo de Sudán ordenó a todas las agencias expulsadas que pagaran a los miembros de su personal local un pago por indemnización equivalente a un salario de seis meses, en vez del mes por falta de preaviso tal y como lo estipula la ley, informa la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.

"Fueron más allá de sus mandatos, por lo que el Gobierno tiene que tomar medidas", aseguró la ministra de Trabajo, Alison Monani Magaya. "Tenemos pruebas suficientes de que se han equivocado", añadió.

La cantidad de estos pagos supone 11,5 millones de dólares para las trece organizaciones, además de los 10,6 millones de dólares en pagos por el cese normal de contrato a los que hay que sumar 20,3 millones de dólares en activos incautados, según fuentes de las ONG.

"La palabra que me gusta usar es extorsión, es absolutamente exasperante que tengamos que pagar esto y que el Gobierno vaya a salirse con la suya", declaró un miembro de una ONG que prefirió no ser identificado. "No hay recurso, no hay retribución, no hay castigo para el Gobierno, no hay nada", aseguró.

La organización MSF declaró en un comunicado que las autoridades sudanesas habían confiscado los pasaportes de los miembros del personal que se marchaban del país hasta unas pocas horas antes de abandonarlo. Esto "los sitúa de forma efectiva en una situación de rehén", según MSF.

ACCEDIERON A LAS PETICIONES

La mayor parte de las ONG expulsadas ha accedido a las peticiones del Gobierno para asegurarse de que su personal pueda abandonar Sudán y evitar una detención potencial o un ataque físico. Los medios locales y los responsables gubernamentales se han referido en repetidas ocasiones a las ONG como "espías" y "ladrones".

"Sentimos que no teníamos otra oportunidad", señaló el director para Sudán de la rama holandesa de MSF, Reshma Adatia. "La otra preocupación fue que, en vez de tomarnos a nosotros, podrían llevarse al personal nacional", manifestó.

El Gobierno negó las acusaciones de acoso y de otras tácticas, señalando que los pasaportes fueron retenidos para elaborar visados de salida. Otro responsable del Ministerio de Trabajo, Mohamed Yusif Almustafa, alertó de que los trabajadores humanitarios que permanezcan en el país podrán ser detenidos o juzgados si sus organizaciones no pagan.

Almustafa, que debe esta posición a su situación del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, un antiguo grupo rebelde que se unió al Gobierno después del acuerdo de paz de 2005, reconoció que estos pagos son "injustos".

PRECEDENTE PELIGROSO

Coyne también manifestó su "grave preocupación" por el precedente que está sentando el Gobierno al pedir dinero a las organizaciones de ayuda. "Esto es parte de las razones por las que estamos dispuestos a considerar aceptar el peligro de ser arrestados en un país como Sudán, alguien tiene que decir que esto no es justo y que no es aceptable", señaló.

"Si éste fuera otro Gobierno, la gente habría hablado mucho, mucho antes", indicó el coordinador del Consejo Internacional de ONG, una coalición que agrupa a agencias humanitarias y a la que pertenecen nueve de las 13 agencias expulsadas.

Incluso antes de que los pagos fueran realizados, los trabajadores humanitarios expresaron sus preocupaciones por la "reducción del espacio humanitario" y señalaron que la amenaza de la expulsión les disuadía de hablar o de realizar trabajos sensibles. "Hay un clima de miedo y estoy preocupada por lo que significa para todas las agencias dar una ayuda apropiada a las poblaciones de Sudán", indicó Adatia.