UGT y CCOO exigen "transparencia" a Belarra en el uso de los fondos para las ONG del Tercer Sector de Acción Social

   MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   UGT y CCOO han exigido a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, "transparencia" en el uso de los fondos públicos que el Gobierno comprometió en el acuerdo firmado el 1 de junio de 2021 con el Tercer Sector de Acción Social, que los fondos destinados a estas organizaciones repercutan en las plantillas y que se reviertan las privatizaciones en el sector.

   Las organizaciones patronales del Tercer Sector de acción social, constituido por ONG y fundaciones que atienden a las personas en riesgo de exclusión social, llevan cuatro años negociando con CCOO y UGT el segundo convenio colectivo marco de Acción e Intervención Social.

   Durante este tiempo, según señalan los sindicatos, los trabajadores del Tercer Sector han estado en primera línea de atención a las personas más vulnerables, sin acogerse a ERTE, ni a confinamiento, poniendo en riesgo cada día sus vidas y las de sus familiares.

   Además, señalan que, actualmente, el 60% de las personas trabajadoras tiene contratos precarios y el 55%, jornadas parciales, unas condiciones laborales que generan que muchos formen parte de los llamados "trabajadores pobres", según los índices que fija en su informe anual Cáritas, integrante de la plataforma del Tercer Sector.

   CCOO y UGT denuncian que, después de "cuatro años" negociando el II Convenio, se encuentran "frente a una situación de bloqueo", dado que las patronales, tras haber abandonado la mesa de negociación durante un año, "ahora ofertan una revisión salarial para el año 2022 del 0,5% y nada para los siguientes, cuando el IPC supera ya el 5%".

   Los sindicatos consideran que, siendo servicios públicos externalizados, "no es aceptable una subida menor al 2% que es la misma que, a pesar de haber manifestado no estar de acuerdo con una subida por encima del IPC de 2021, se contempla en el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 para los empleados y empleadas públicos y sector público empresarial cuando la inflación era mucho menor que la actual".