El 62% de empresas hace evaluaciones de riesgo contra el trabajo infantil pero sólo el 23% lo previene, según un estudio

   MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El 62% de las grandes empresas españolas lleva a cabo evaluaciones de riesgo contra el trabajo infantil pero sólo el 23% tiene en cuenta los derechos de la infancia para la prevención de esta lacra y otras cuestiones relacionadas con la infancia.

   Esta es una de las conclusiones del informe 'Trazando el camino: Integración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la conducta empresarial responsable', elaborado por UNICEF y el Pacto Mundial de la ONU en colaboración con Save The Children.

   En este documento se analizan los progresos realizados en la integración de los derechos de la infancia por parte de empresas y organizaciones, en el décimo aniversario de la publicación de los Derechos de la Infancia y Principios Empresariales. También han trazado una hoja de ruta para que el sector privado, en el marco de su modelo de negocio, acelere la protección de los niños, niñas y adolescentes en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

   Como recuerdan en un comunicado, los Derechos de la Infancia y Principios Empresariales --que fueron desarrollados hace una década-- identificaban las acciones que las empresas deben llevar a cabo para prevenir los impactos negativos sobre los menores y las medidas voluntarias para promover los derechos de la infancia en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad en la que operan.

   Ahora, diez años después, el informe cuestiona la suposición común de que el trabajo infantil es el único o incluso el principal impacto adverso de las empresas sobre los niños, niñas y adolescentes. La realidad es que las actividades y relaciones empresariales pueden tener múltiples impactos adversos sobre ellas y ellos, por ejemplo, a través de la crisis climática y la contaminación, los estereotipos raciales y de género, la explotación y los abusos sexuales, el impacto de productos insalubres, las prácticas o los modelos de negocio online.

   El documento incide en que las empresas, como agentes del cambio, pueden y deben integrar los derechos de la infancia en sus estrategias y políticas corporativas, así como a lo largo de su cadena de valor, porque prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes se ven afectados de una forma u otra por la actividad empresarial: como consumidores de productos y servicios, a través de la exposición al marketing y la publicidad, como trabajadores jóvenes o niños trabajadores, como los hijos de los trabajadores, como usuarios de plataformas digitales o a través de los entornos donde viven y juegan.

   En palabras de la directora general del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez, "este informe pone de relieve la necesidad de acelerar los compromisos empresariales para fomentar los derechos de la infancia en las organizaciones empresariales".

   "Para ello es vital que las empresas sean conscientes de su impacto en la infancia y que actúen en consecuencia asumiendo los Derechos de la Infancia y Principios Empresariales. En este aspecto, animamos a que el sector empresarial implemente las recomendaciones realizadas, entre las que se encuentra realizar procesos de debida diligencia para prevenir o mitigar los riesgos e impactos en la infancia", ha afirmado.

   Por su parte, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, ha asegurado que "los niños, niñas y adolescentes constituyen el 30% de la población mundial; son el presente y el futuro" por lo que ha reclamado "una conducta empresarial responsable y sostenible basada en los derechos humanos como una vía fundamental para avanzar en los derechos de la infancia y construir una contribución sistémica y duradera al desarrollo sostenible".

   "Todas las empresas y organizaciones deben integrar de manera urgente los derechos del niño de forma mucho más explícita y exhaustiva en sus políticas y prácticas empresariales al mismo tiempo que avanzan con mecanismos clave como la debida diligencia", ha defendido.

UN 84% DE EMPRESAS CUENTA CON POLITICAS DE PROTECCIÓN INFANTIL

   El documento constata que, aunque las contribuciones de las empresas en ámbitos variados como la salud, la educación y la prosperidad económica han producido avances en el bienestar y la supervivencia de la infancia, es una realidad que la conducta empresarial puede tener un impacto adverso trascendente en los niños, niñas y adolescentes.

   Así, a nivel global, en los últimos 10 años se ha observado un incremento considerable en la integración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la conducta empresarial responsable. Según la evaluación del Global Child Forum (GCF), en 2014 el 24% de las empresas examinadas tenía una política amplia sobre protección infantil, cifra que en 2019 llegaba al 38%.

   En 2021, el porcentaje de empresas que afirmaba tener una política de protección infantil había crecido hasta el 84%. Sin embargo, se constataba la existencia de una brecha entre el compromiso y la acción, ya que sólo el 58% llevaba a cabo la trasposición de la política en acciones y únicamente un 20% informaba sobre ella.

   Los autores del informe inciden que, ante el entorno económico y empresarial actual, puede existir cierta tentación de abandonar la regulación o las políticas y prácticas económicas y empresariales enmarcadas en una conducta responsable, al menos temporalmente, en nombre de la reducción de costes, la recuperación económica después de la pandemia y los retos económicos derivados de los conflictos.

   En cualquier caso, señalan que hay muchas evidencias de que la conducta empresarial responsable es buena para el desempeño de las empresas y concluyen que los retos a los que se enfrenta el mundo ponen de relieve la necesidad de compromiso, colaboración, alianzas público-privadas y emprender una acción transformadora mucho mayor para promover la sostenibilidad.