El Gobierno dice que los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla no cumplen los requisitos "documentales" para entrar en la UE
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una jornada para poner en valor la institución del Asilo, creada tras la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, como mecanismo para hacer posible que la Humanidad proteja a los más vulnerables. En España, la baja tasa de peticiones, la ausencia de un reglamento que desarrolle la ley y la situación de los solicitantes en Ceuta y Melilla marcan esta jornada.
La falta de reglamento es uno de los asuntos más acuciantes, según las organizaciones especializadas y el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Aunque la Ley de Asilo entró en vigor en noviembre de 2009 y dio al Gobierno seis meses para aprobar su desarrollo, ni el entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ni el actual, Jorge Fernández Díaz, han dado cumplimiento a este mandato.
Han pasado cinco años, y el reglamento es imprescindible para dar forma a algunos asuntos que la Ley no concretó, por ejemplo, el modo en que un embajador español debe autorizar el salvoconducto y traslado de una persona que le solicite protección internacional. Dado que ya no se puede pedir asilo en las Embajadas, resulta imperativo regular esta cuestión para que quienes quieran refugiarse en España puedan viajar de forma segura hasta el territorio nacional, donde formalizar la petición.
La falta de éste y otros canales seguros para los refugiados hacia España y Europa provoca que quienes huyen de la persecución o la guerra tengan que compartir ruta clandestina con los inmigrantes económicos, con todo lo que eso conlleva de miseria, peligro en los países de tránsito, mafias de tráfico de seres humanos y viajes que pudiendo durar días, se prolongan meses, e incluso años, para acabar frente a una playa o una valla con alambre de cuchillas.
POSIBLES REFUGIADOS DEVUELTOS A MARRUECOS
Es aquí donde cobra relevancia la situación en Ceuta y Melilla. Entre quienes intentan saltar las vallas, pasar escondidos en vehículos o utilizando pasaportes falsos hay muchas personas, la mitad, según CEAR, procedentes de países en conflicto. Un ejemplo es el de los sirios, los malienses, los oriundos de República Centroafricana o los somalíes que pueblan los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de las ciudades autónomas.
El primer problema, según las organizaciones humanitarias y el ACNUR, es que no hay distinción. Cada vez que la Guardia Civil impide un salto o devuelve sobre la marcha a Marruecos a quienes han conseguido lograrlo, está cerrando un cauce para el asilo, porque estas personas no son identificadas, no se les pregunta a qué han venido, no se llega a saber su nacionalidad ni se conocen sus circunstancias. Tal vez huyan de una guerra, de un matrimonio forzoso o de una condena por homosexualidad. No se sabe.
El ACNUR viene pidiendo que una delegación de la Oficina de Asilo y Refugio (organismo que estudia las solicitudes y depende del Ministerio del Interior), aunque sea unipersonal, se instale en las ciudades autónomas y pueda realizar una suerte de cribado entre quienes entran en la ciudad autónoma: los refugiados, al cauce de asilo y los migrantes, al de la ley de Extranjería.
Esto, tras constatar que en torno al cuarenta por ciento de los residentes en los CETI son susceptibles de pedir la protección, pues proceden de países en conflicto o sin respeto por los Derechos Humanos. No significa que todos pudieran recibir el estatuto de refugiado, y de hecho, es pequeño el porcentaje que lo pide en las ciudades autónomas, porque saben que de hacerlo, se quedarán allí atrapados esperando una resolución que puede tardar dos años.
ENCERRADOS EN CEUTA Y MELILLA
Así están los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla que viven en los CETI. Pidieron la protección, su solicitud fue admitida a trámite y recibieron como prueba un carné que reconoce su derecho a residir en España, en toda España. En la práctica, el Gobierno no permite que estas personas pasen a la Península y esgrime para ello que los enclaves en el Norte de África no son territorio Schengen y, por tanto, no entran en la libertad de circulación propia del espacio europeo.
España, en efecto, se comprometió con la UE a controlar a todos los viajeros que pasen desde allí a la Península para "verificar" si "siguen cumpliendo las condiciones" por las que fueron autorizados a entrar en territorio nacional. El Gobierno se aferra a este compromiso para afirmar que los solicitantes de asilo no cumplen los requisitos "tanto de índole documental como material", de acceso a territorio europeo.
Sin embargo, una persona que pida asilo en Madrid y su petición sea admitida a trámite, podrá viajar a cualquier otro punto de la geografía nacional, e incluso europea, sin que nadie se lo impida. Su documento, el mismo que obtienen quienes solicitan la protección en Ceuta y Melilla, es oficial y perfectamente válido.
SÓLO EL 1% DE LAS SOLICITUDES SON EN ESPAÑA
Esta "carrera de obstáculos", en palabras de CEAR, para conseguir la protección internacional explica en parte por qué España, siendo como es frontera terrestre con el continente que hoy tiene más conflictos abiertos, sea uno de los países de la Unión Europea que menos solicitudes de asilo recibe: Sólo el 1% de las registradas el año pasado se presentaron aquí.
El volumen general de las solicitudes prácticamente se duplicó en 2013, cuando se cursaron 4.502 frente a las 2.588 de 2012, el año con el número más bajo desde 1987. El origen está en el recrudecimiento de la guerra en Siria (725 peticiones) y Malí (1.478), aunque la cifra sigue siendo baja, sobre todo considerando que más de 50.400 sirios han pedido protección en la UE en 2013, conforme los datos de ACCEM.
Además, no todos los que piden protección, la reciben. De las 2.365 solicitudes que el año pasado se enviaron para estudio de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), el 77,6% fueron denegadas. Se concedió el estatuto de refugiado a 205 personas, y el régimen de protección subsidiaria (mismos derechos en la práctica, pero hay que renovarlo al cabo de cinco años) a otras 325.
Rudaina Al-Kindi, refugiada siria en España, resume de la mano de CEAR, la situación: "Ser una persona refugiada no es una opción. Nosotros nos vimos forzados a huir de nuestro país. Ahora estamos en medio de la nada: no podemos volver atrás y es muy difícil seguir adelante (...) Hay tres cosas que no le deseo a nadie, especialmente a los niños: la guerra, el hambre y el miedo. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano".
