El Defensor del Pueblo pide asegurar el derecho a la vivienda: "Solo un acuerdo entre administraciones lograría avances"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido la "colaboración de todos" para garantizar el derecho a la vivienda y para cerrar las actuaciones de oficio abiertas con las administraciones en materia de vivienda y ha advertido de que "solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo" para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Así se ha expresado este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde ha presentado informe que recoge 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 ciudadanos a lo largo del ejercicio.

El Defensor ha explicado que a finales de junio de 2025 la institución inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas de España, solicitando información sobre las medidas adoptadas o previstas para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible, así como para incrementar el parque público de vivienda. "Esta actuación sigue abierta", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que también se "necesita para eso también la colaboración de todos".

El Informe identifica como causas principales del problema la escasez de vivienda pública y social, "muy inferior a la media europea", según Gabilondo, y la insuficiencia de ayudas "eficaces" y el retraso en su gestión. Según recoge el documento, los ciudadanos manifiestan la imposibilidad de acceder a una vivienda a precio de mercado y la necesidad de soportar "esperas interminables" en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida.

AFECTA EN ESPECIAL A JÓVENES Y FAMILIAS VULNERABLES

Gabilondo ha señalado que el problema afecta en especial a jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, quienes "deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda" y que la situación "se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado".

El Defensor del Pueblo ha trasladado además a las administraciones competentes la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública destinada al alquiler, mejorar la gestión de ayudas, garantizar procesos de adjudicación transparentes y limitar el alquiler turístico. También ha subrayado la necesidad de proteger a las personas vulnerables en casos de desahucio "sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales".

Asimismo, Gabilondo ha insistido en que fueron motivo de preocupación las personas que comunicaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. En este sentido, ha advertido de que entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas pero se ven "empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres". A su juicio, "la respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria".

"No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes", ha añadido Gabilondo.

ALERTA DE "SITUACIONES DE DESAMPARO" EN LA INFANCIA

Por otra parte, Gabilondo ha alertado de las "situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes" recogidas en el Informe Anual de la institución correspondiente a 2025, y ha reclamado tanto a las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado que trabajen para "la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España".

En materia de protección de menores, el Defensor ha subrayado que las situaciones de desamparo detectadas por la institución "llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor. Buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro".

En este sentido, ha dirigido una recomendación a las administraciones competentes para que "se realicen todas las actuaciones necesarias de comprobación y de intervención familiar previas a la medida de separación del menor de su núcleo familiar", con coordinación con servicios sociales municipales y centros educativos, tras constatar que desde la institución han tenido experiencias donde "no está seguro de que esto se haya realizado así".

También ha señalado que en 2025 se reabrió la actuación de oficios sobre violencia sexual en el ámbito del sistema de protección y volvieron a dirigirse a las administraciones competentes para "actualizar los datos recabados en 2023", aunque ha lamentado que "todavía estaban pendientes de recibirse las respuestas de varias comunidades autónomas".

"El año 2023 ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran en el amparo del sistema de protección", ha recordado.

Asimismo, Gabilondo ha recordado el monográfico sobre la infancia extranjera en España presentado en 2025, en el que la institución consideró necesario trabajar para la "plena integración" de toda la infancia extranjera presente en el país, tanto la que se encuentra junto a sus padres como la que ha realizado "su periplo migratorio sin referentes adultos". A su juicio, "ese debería ser el objetivo -y es la recomendación del informe- tanto de las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado".