Asegura que el origen del problema está en "falta de colaboración de autonomías y ayuntamientos"
MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Fundación Alternativas ha alertado del "elevado" número de personas en situación de pobreza severa que desconocen aún la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pese a haberse aprobado en junio de 2020.
La entidad considera en su informe 'El Ingreso Mínimo Vital. Evaluación de los tres primeros años de la gran iniciativa de protección social' que esta situación puede deberse a la "falta de colaboración de los servicios sociales de las autonomías y de buena parte de los ayuntamientos", pero también que "los intentos de la Seguridad Social por llegar a ellos han sido, hasta la fecha, infructuosos".
Desde su aprobación, destaca que el IMV mantiene algunas fortalezas, "pero también múltiples debilidades". Al respecto, precisa se sitúa en "porcentajes similares a los de normas europeas anteriores", pero sigue ofreciendo el "aspecto menos positivo" de su implantación.
Las estimaciones iniciales de acceso, según la fundación, pudieron ser "levemente exageradas", pero la baja relación entre beneficiarios reales y potenciales "no se corresponde con la tradición de la Seguridad Social". Así, cree que se ha conseguido que tenga un reparto territorial que "acumula mayores gastos" allá donde "las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas eran más exiguas, pero siguen manteniéndose importantes diferencias territoriales".
Para Fundación Alternativas, los procedimientos provocaron cuellos de botella "inaceptables" desde el inicio de implantación del IMV, y la inadmisión a trámite de las solicitudes, pensada para no colapsar la Administración, ha dejado a "personas fuera de la prestación".
En este sentido, entre los aspectos que han impedido que el IMV genere mayor estabilidad económica de los colectivos vulnerables, destacan una serie de carencias, como el hecho de que la utilización de datos fiscales de ejercicios pasados haya "excluido como beneficiarias" a las personas con vulnerabilidad sobrevenida; o que el requisito de empadronamiento sea "muy difícil de documentar", en muchos casos de sinhogarismo.
También hace alusión a las normas sobre unidades de convivencia, que califica de prolijas y confusas, lo que ha ocasionado "denegaciones que los afectados y las ONG consideran arbitrarias"; mientras que las revisiones, cuando se producen modificaciones, han dejado fuera de la prestación a "personas que desconocen los motivos reales de la extinción" de la misma; y, en el caso de las personas sin hogar formal, la "falta de notificación efectiva de las resoluciones" no ha impedido la extinción de las prestaciones.
Por último, los itinerarios formativos "no han conseguido llegar a los beneficiarios de forma general y satisfactoria".
SOLUCIONES DE LAS ONG
Para hacer frente a estos problemas, las ONG han propuesto una serie de soluciones, como la revisión del concepto "unidad de convivencia", que debería permitir adecuar el IMV a las situaciones de todas las personas en vulnerabilidad; la habilitación a las ONG para "defender a los usuarios" cuando se inadmitan o denieguen solicitudes, o cuando se revisen las prestaciones; la posibilidad de que los potenciales beneficiarios, cuando han tenido una intensa caída de ingresos en el último año, "puedan acreditar su situación con los datos actualizados" de SEPE, Seguridad Social y/o AEAT; la renuncia de la Administración a "imponer al colectivo de beneficiarios del IMV reglas draconianas de devolución de cobros indebidos, inferiores en tiempo y superiores en cuantía a las que se usan en otros supuestos".
Asimismo, proponen la colaboración de los trabajadores sociales de autonomías, ayuntamientos y ONG para "permitir que el IMV sea más conocido, y que su aplicación sea más adecuada a la heterogénea realidad de los beneficiarios".
