Movimiento por la regularización de migrantes pedirá prórroga si el texto definitivo no se publica antes del 15 de abril

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Regularización Ya' ha lamentado la "demora" del Consejo de Estado en la elaboración del informe sobre la regularización extraordinaria de migrantes y confía en que el texto definitivo esté publicado el próximo 15 de abril. De no ser así, ha advertido, exigirá una prórroga del plazo de solicitudes, que finaliza el 30 de junio.

"Si el 15 no está publicado el texto definitivo exigiremos una prórroga que vaya más allá del 30 de junio. Las personas migrantes en irregularidad administrativa no pueden seguir siendo el foco de la criminalización y el odio racista", ha asegurado en declaraciones a Europa Press una de las portavoces del movimiento 'Regularización Ya', Victoria Columba.

En este sentido, ha recordado que el informe del Consejo de Estado no es el que se votará en el Consejo de Ministros, si bien, ha expuesto que quieren analizarlo en el movimiento. También ha insistido en que el resultado final debe garantizar la flexibilidad acordada inicialmente, con el objetivo de que ninguna persona quede excluida de este proceso.

Así, la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Consejo de Ministros está pendiente del informe del Consejo de Estado y posteriormente deberá ser publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De la misma manera, Columba ha defendido que la regularización es "fundamental" para permitir el acceso a derechos básicos a migrantes en situación administrativa irregular, especialmente aquellas más vulnerables ante los requisitos de la vía ordinaria contemplada en la Ley de Extranjería.

"CADA DEMORA ES UNA AGONÍA"

Igualmente, ha avisado de que "cada demora que se toma el Consejo de Estado es una presión mayor para la Administración y una agonía para las personas que con enorme sacrificio están reuniendo los requisitos para aportar a la solicitud".

Precisamente, ha alertado de que el retraso favorece la proliferación de intermediarios que cobran "desde 400 euros" por "leer borradores" y alimenta la difusión de bulos y discursos de odio "de las derechas radicalizadas".

El Gobierno inició el 27 de enero el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos.

Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

Respecto al plazo para la presentación de solicitudes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró la semana pasada en una entrevista en RNE recogida por Europa Press que "el procedimiento va a durar hasta el 30 de junio". Además, garantizó que "habrá tiempo suficiente para todos los que cumplan los requisitos" puedan beneficiarse del proceso. "Calendario previsto y mensaje de tranquilidad", argumentó.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Otro de los aspectos clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

Según las primeras informaciones recabadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en reuniones con los diferentes departamentos, el proceso constará de dos fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará "de manera exclusiva" la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).

SOLICITUDES PRESENCIALES Y TELEMÁTICAS

El grueso de las solicitudes presenciales ha explicado que se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos, delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social.

El sindicato también ha informado de que se prevén solicitudes telemáticas y ha advertido de que "pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que obviamente carezcan de certificado digital".

Del mismo modo, CSIF ha expuesto que el personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto. En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros los coordinadores). Además, el sindicato ha asegurado que la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes.

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.