Las personas con discapacidad psíquica no pueden defender sus intereses

Foto: EUROPA PRESS/COMUNIDAD DE MADRID

   La Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha denunciado este lunes que algunas legislaciones de países europeos limitan o acaban en su totalidad con la "capacidad legal" de las personas que sufren trastornos intelectuales o psicosociales y que se encuentran bajo tutela, ya que sus decisiones u opiniones no son tenidas en cuenta en procesos judiciales o administrativos. El Consejo instó a los países a cambiar su legislación para defender a estas personas.

   El Consejo de Europa emitió un comunicado en el que criticó que "la mayoría de los sistemas legales en Europa están anticuados y necesitan una reforma urgente". "La pérdida automática de los Derechos Humanos de aquellos que se encuentran tutelados es una práctica que debe cambiarse", añadió.

   El organismo calificó de "esencial" que las personas puedan tomar sus propias decisiones y participar en la sociedad de forma igualitaria. "No se deben hacer excepciones sobre el supuesto de que todos los adultos con mayoría de edad tienen capacidad legal. En una sociedad que respeta los Derechos Humanos, se debe incluir en este supuesto a las personas con problemas intelectuales y psicosociales", añadió el comunicado.

   El Consejo de Europa indicó que la mayor parte de los países del continente deben cambiar su sistema legal según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de Personas con Discapacidad de 2004, que ha sido ratificado por la mayor parte de países europeos. "La falta de capacidad legal ha perjudicado la lucha de las personas con discapacidad que reclaman poder defender los Derechos Humanos, ya que no tienen posibilidad legal de poder denunciar las posibles violaciones de estos derechos" que pueden llegar a sufrir, destacó.

   A mediados de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de un discapacitado búlgaro al que se le aplicó una tutela administrativa que le mantenía encerrado en casa. El Tribunal señaló que la privación de libertad así como la imposibilidad del afectado de recurrir en los tribunales su incapacidad para poder recuperar su capacidad legal habían violado la Convención Europea de Derechos Humanos.

   El Consejo de Europa instó a los países miembros a aprobar una serie de medidas que reconozcan los derechos de los discapacitados, como el reconocimiento, que no la imposición, de un grupo de ayuda que le permita al afectado tomar las decisiones legales que quiera. "La verdad es que la mayor parte de los europeos con enfermedades intelectuales o psicosociales que les gustaría tener ese apoyo no pueden ejercer libremente su capacidad legal y deben aceptar que otras personas tomen decisiones por ellos", señaló la nota del organismo.

   El Consejo de Europa instó a los países a eliminar de su sistema legal los mecanismos que permiten la incapacidad plena y el control constante de estas personas, así como la prohibición de que estas personas puedan votar en las elecciones o puedan  ser recluidas contra su voluntad.