Los familiares intentaron llevársela del centro y el Juzgado decidió declarar a la menor en situación de desamparo
SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado suspender temporalmente la patria potestad a los padres de una niña de 12 años que ingresó el pasado lunes en la Residencia Cantabria con un aborto en curso.
La medida tendrá inicialmente vigencia durante 30 días y se acompaña además de la prohibición de cualquier contacto entre la menor y sus padres en tanto no sea evaluada por los servicios de protección del menor y emitan los correspondientes informes.
Asimismo, se ha dejado en suspenso la guardia y custodia de la niña, que tenía atribuida su madre, y mientras tanto corresponderá a los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria la custodia de la menor.
Según se explica en un auto del Juzgado, el servicio de Urgencias de la Residencia Cantabria fue el que alertó telefónicamente al Juzgado de Guardia, sobre las siete de la mañana del pasado lunes.
La menor había llegado al centro hospitalario con un aborto en curso y una importante hemorragia, por lo que fue ingresada en el servicio de maternidad. Según las estimaciones de los médicos la niña estaba embarazada de doce semanas.
Se puso en marcha entonces el protocolo sobre delitos sexuales y se acordó comunicar la situación telefónicamente ante la "urgencia" de declarar a la menor en situación de desamparo.
Justo una hora después de poner los hechos en conocimiento del Juzgado y del Servicio de Atención a la Familia del Cuerpo Nacional de Policía, sobre las ocho de la mañana, los familiares de la niña pidieron el alta voluntaria para llevársela, lo que motivó que el Juzgado declarara la situación legal de desamparo de la menor y prohibiera su marcha del hospital sin previa autorización del Juzgado o de la Fiscalía.
MEDIDAS.
En un auto dictado también el mismo lunes y conocido hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander acuerda suspender la patria potestad a los padres durante 30 días y da traslado de la decisión a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su revocación o mantenimiento y para que inste también las medidas que fueran procedentes ante el Juzgado de Menores.
Se acuerda asimismo la supresión de cualquier contacto de los padres con la menor, en tanto es evaluada por los servicios técnicos de protección del menor para dictar los informes oportunos, determinar si la niña ha sido objeto de abandonos anteriores por parte de los padres y examinar si es conveniente o no que tenga contacto con ellos.
Finalmente, el Juzgado deja en suspenso la guardia y custodia de la niña, que tenía atribuida la madre, y se la concede a los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
