El Instituto de Política Familiar considera que la Generalitat "promueve" el aborto con dinero público

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto de Política Familiar a Catalunya (IPF-Cat), Liberto Senderos, afirmó hoy que el Tripartito "quiere fomentar el aborto con los impuestos de los catalanes" mientras la sanidad catalana "sigue sin cubrir muchas prestaciones a favor de los pacientes".

En un comunicado, rechazó que la Generalitat financie "totalmente o parcialmente" los abortos que se hagan en centros sanitarios catalanes. Ayer, la Conselleria de Salud, asociaciones de planificación familiar, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y entidades en favor de los derechos de la mujer crearon un grupo de trabajo para estudiar la financiación y concertación del aborto.

"En vez de querer ayudar a las mujeres para poder tener sus hijos y darles una adecuada asistencia social, parece querer convertir Catalunya en el paraíso del negocio del aborto, hasta convertirla en un destino turístico internacional para tan letal actividad", declaró Senderos.

El presidente del IPF-Cat pidió al Govern que aclare "hasta que cifra quiere superar los 21.976 abortos que se practicaron en Catalunya en 2006 y si con 60 niños abortados diariamente cree que no hay suficiente".

Denunció la "complicidad" entre la Conselleria de Salud con las asociaciones de planificación familiar y las clínicas acreditadas para practicar abortos, así como "sus contactos con grupúsculos feministas radicales".

"FALTA" DE REPRESENTATIVIDAD.

Senderos consideró que las personas que se manifestaron el miércoles en la capital catalana por un aborto libre, unas 300, tienen "falta absoluta de representatividad". Por contra, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen "para defender el derecho a la vida de los recién nacidos" y pidió la creación de una red de apoyo a las madres para que puedan mantener a sus hijos.

El presidente de IPF-Cat exigió la "inmediata retirada de cualquier financiación pública" de los abortos, así como la inspección de los centros donde se realizan y la derogación de la regulación actual, "con el fin de garantizar el derecho a la vida".