BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los administradores judiciales de la Fundación Intervida celebraron hoy la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de intervenir las 'contrapartes' de la fundación en Perú, Bolivia y Guatemala porque permitirá "normalizar" el funcionamiento de la entidad en dichos países y dar tranquilidad a los padrinos.
"Para nosotros este auto es una joya y una satisfacción", sentenció en rueda de prensa uno de los tres gestores, Àngel Miret, quien, junto a sus compañeros, supervisará la labor de los administradores judiciales propuestos por Garzón para gestionar las tres 'contrapartes' sudamericanas, cuyos directivos han sido cesados.
Cuando la Justicia peruana, boliviana y guatemalteca ejecute el auto, Intervida podrá acceder de nuevo a sus instalaciones y al fondo de reserva de 120 millones de euros, que el fundador de la organización, Rafel Puertas, supuestamente entregó a las tres entidades satélite de Intervida y sobre los que los administradores judiciales no tenían ningún control efectivo, desde el inicio del proceso.
Por esa razón, los gestores acordaron no enviar más fondos a los proyectos que se desarrollaban en esos tres países, pero tras el auto de Garzón podrá reemprenderse el envío de dinero, y así garantizar la continuación de los proyectos humanitarios, los puestos de trabajo y que las donaciones de los padrinos lleguen a su destino.
Además, el director general de la fundación, Juan Manuel Costa, anunció su intención de viajar la próxima semana a la zona para "realizar un diagnóstico real de la situación" pues, según la prensa local, se habrían cerrado algunos proyectos. "No sabemos qué nos encontraremos", lamentó Miret.
"No lo entendemos --en alusión al supuesto cierre de algunos proyectos-- porque los 120 millones de euros eran suficientes para garantizar su continuación durante tres años y sólo ha pasado uno y medio" desde que se bloquearon los envíos, añadió el gestor.
El auto de Garzón constituye el último paso en la instrucción del 'Caso Intervida' que se inició en julio de 2007, cuando la Audiencia Nacional intervino la fundación y destituyó a sus directivos, Eduardo Castellón y Rafael Puertas, imputados por la presunta comisión de delitos fiscales, estafa, delitos societarios y apropiación indebida.
